Familiares de personas con discapacidad se concentraron en la plaza 25 de Mayo de la vecina capital para reclamar la regularización de pagos de Incluir Salud y PAMI, y rechazar la iniciativa presentada en el Senado para una nueva Ley de Discapacidad.
Representantes del sector de discapacidad y familias se movilizaron este miércoles en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes para reclamar por los atrasos en los pagos de programas como Incluir Salud y PAMI, y manifestar su rechazo al nuevo proyecto de Ley de Discapacidad impulsado a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei.
Durante la protesta, Marcela Kriscovich, referente del sector, explicó que muchas instituciones atraviesan una situación crítica debido a la demora en los pagos y advirtió que varias podrían cerrar si no se regulariza la situación. “Estamos pidiendo que se normalicen los pagos porque Incluir Salud y PAMI todavía deben muchísimos expedientes. De los 490 expedientes, apenas 25 o 26 fueron pagados hasta ahora”, señaló.
Kriscovich remarcó que los centros que trabajan mayoritariamente con estas coberturas están en riesgo. “Las instituciones que tienen el 70 u 80 por ciento de sus prestaciones con PAMI e Incluir Salud corren peligro de cierre. Se hacen maravillas para poder sostenerse, pero no se puede vivir solo de la vocación. Hay que pagar sueldos, transporte, combustible y prestaciones”, sostuvo.
Además del reclamo económico, la movilización estuvo centrada en el rechazo al proyecto de ley presentado por el oficialismo en el Senado. El sector señaló: “Estamos diciendo no a este proyecto de ley porque en vez de incluir, excluye. Si se modifica la Ley 24.901, que garantiza la universalidad de las prestaciones, muchas personas van a quedar afuera del sistema”.
Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta a la desregulación del nomenclador nacional, lo que permitiría que cada obra social determine el valor de las prestaciones. “Hoy existe un nomenclador universal para todos. Si cada obra social pone el valor que quiere y la diferencia la tiene que pagar la familia, ¿cuántos van a poder acceder a esa prestación?”, planteó.
También expresó preocupación por la posibilidad de un nuevo empadronamiento general de pensiones no contributivas por discapacidad. “Una auditoría para detectar fraudes está bien, porque el fraudulento le saca el lugar a quien realmente corresponde. Pero reempadronar todo nuevamente puede significar una baja masiva de pensiones”, advirtió.
Kriscovich señaló además que ya solicitó una audiencia urgente con los senadores nacionales por Corrientes para exponer la situación y pedir su intervención. “Les pedí una reunión porque considero, como profesional con 30 años de trayectoria y como activista, que acá se están vulnerando derechos. Esta norma no va a regularizar, va a dejar a muchas personas fuera del sistema”, expresó.
Además alertó que muchas familias no podrían afrontar los costos de nuevos estudios médicos exigidos para mantener beneficios. “Hoy un neurólogo o un psiquiatra cobra desde 170 mil pesos para arriba. Muchas personas ya están angustiadas porque no tienen cómo afrontar eso y temen perder su pensión”, indicó.
Asimismo, insistió en que el sector de discapacidad no debe ser objeto de recortes presupuestarios. “Discapacidad no es la casta. Es un sector vulnerable y sensible que necesita acompañamiento. No se puede ajustar sobre quienes más necesitan”, concluyó.