Un juez federal de La Plata procesó a dos exintegrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla elevó a juicio oral a dos exintegrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Los imputados son José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, acusados de delitos como desaparición forzada de personas, secuestros y homicidios.
La DIPPBA, el aparato de inteligencia de la fuerza bonaerense, funcionó desde 1956 hasta su disolución en 1998. Durante la dictadura iniciada en 1976, su rol se jerarquizó y estuvo compuesto por unas 16 delegaciones y aproximadamente 1200 agentes. Según las investigaciones, este organismo no solo recolectaba y proveía información a los grupos de tareas, como los del Batallón de Inteligencia 601, sino que también les asignaba personal.
Juan Antonio Fumez estuvo al frente de la delegación Lanús entre 1977 y 1981. El magistrado lo considera encubridor de asesinatos, entre ellos el de Raúl ‘Bigote’ Pastor, hijo de Hebe de Bonafini, cuya muerte fue presentada falsamente como un «enfrentamiento». También se lo vincula con el encubrimiento del fusilamiento de cinco personas secuestradas en el centro clandestino Vesubio.
Por su parte, José Ignacio Salvador fue jefe de la delegación Enlace Capital Federal. Su función incluía el intercambio de información con otros organismos, la tramitación de pedidos de los grupos de tareas y la participación en una comisión que evaluaba si los detenidos podían salir del país. Según la investigación, Salvador difundió listados de personas buscadas que luego fueron secuestradas e impulsó pedidos de captura de varios civiles.
Desde 2001, los archivos de la DIPPBA están bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actúa como querellante en esta y otras causas por delitos de lesa humanidad.