La Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario con efecto suspensivo para evitar el desembolso de fondos ordenado por la Justicia, mientras las universidades públicas reclaman por el cumplimiento de la norma.
El Gobierno nacional presentó en la madrugada de este viernes un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario. La presentación se realizó horas antes de que venciera el plazo para que el Ministerio de Economía desembolsara los fondos adeudados a las casas de estudio.
El Recurso Extraordinario Federal fue presentado por el titular de la Procuración del Tesoro, Sebastián Amerio, ante la Sala III de la Cámara Federal. El objetivo es impedir la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, sancionada por el Congreso de la Nación. La presentación cuestiona el fallo de la Cámara que ordenó cumplir con una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a acatar dichos artículos.
El cuerpo de abogados del Estado elevó el recurso con efecto suspensivo para no tener que abonar los fondos, cuyo plazo se venció este viernes a las 9.30. Al no haber respuesta de la Justicia y habiéndose cumplido el plazo, el Gobierno optó por insistir por la vía judicial para no acatar el fallo y evitar las transferencias.
En el marco del recurso, el Poder Ejecutivo solicitó a los tres miembros de la Corte Suprema que se excusen en el caso y llamen a conjueces, dado que todos ellos son docentes universitarios. En ámbitos judiciales, este planteo fue considerado por algunos como «débil». Desde el Gobierno argumentan que la aplicación de la ley obligaría a desembolsar unos $2,5 billones, lo que afectaría el superávit fiscal. También cuestionan que la normativa no prevé una fuente de financiamiento específica para cumplir con los desembolsos.
Mientras tanto, las universidades públicas llevaron adelante este jueves una jornada nacional con acciones en defensa de las instituciones, incluyendo clases en las calles y actividades de divulgación. Reclamaron el cumplimiento de la ley de financiamiento, asegurando que sin ella «la universidad pública y la ciencia nacional agonizan». En una carta abierta, señalaron que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde diciembre de 2023, afectando salarios y funcionamiento general.
Las instituciones notificaron formalmente a la justicia el incumplimiento del fallo por parte del Gobierno y enviaron una nota a la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley. Además, advirtieron que, si la situación persiste, convocarán a manifestaciones en todo el país durante la primera quincena de mayo.