Organizaciones sociales alertan sobre posibles consecuencias en barrios populares, mientras el oficialismo defiende la necesidad de reformar la legislación vigente para agilizar procesos de regularización.
Este miércoles se reanuda en un plenario de comisiones del Senado el debate sobre el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada» impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa, que modifica una serie de normativas, genera posiciones encontradas.
Distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina, manifestaron su preocupación. Señalan que el proyecto podría afectar a más de un millón de familias que viven en barrios populares registrados en el Renabap, al modificar la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana sancionada en 2018.
Desde estas organizaciones argumentan que la reforma eliminaría tres pilares clave: la declaración de utilidad pública y expropiación, la suspensión de desalojos por 10 años y la participación de cooperativas en la adjudicación. Advierten que esto pondría en riesgo «el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos».
Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el proyecto ante las comisiones. Sostuvo que la implementación de la ley actual «fracasó», citando que, tras más de siete años, solo un 0,08% del suelo en barrios populares tiene título de propiedad. El Gobierno propone un modelo que descentralice la ejecución, reconociendo un rol preponderante de provincias y municipios.
El debate se centra en el balance entre la agilización de los trámites de regularización dominial y la protección de los habitantes de barrios populares durante el proceso. El proyecto también introduce modificaciones en la ley de Tierras y la de Manejo del Fuego.