Una denuncia judicial pone bajo la lupa préstamos hipotecarios obtenidos por integrantes del equipo económico y legisladores oficialistas, cuestionando la transparencia de los trámites.
Una serie de denuncias judiciales ha centrado la atención en la concesión de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del gobierno nacional y legisladores oficialistas. Los cuestionamientos se refieren a la posible existencia de facilidades o irregularidades en los procesos de otorgamiento.
Según la información en circulación, una lista de 25 beneficiarios vinculados al oficialismo habría recibido financiamiento por un total aproximado de 6.500 millones de pesos. Entre los nombres mencionados se encuentran integrantes del equipo económico, diputados, asesores de Presidencia y otros funcionarios.
La denuncia presentada por la diputada Mónica Frade, que será ratificada en los próximos días, apunta a casos específicos. Entre ellos, se destacan Federico Furiase, secretario de Finanzas; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía; y Pedro Inchauspe, también miembro del equipo económico. Según la legisladora, entre estos tres funcionarios acumularon préstamos por alrededor de 1.000 millones de pesos.
El caso del secretario de Finanzas, Federico Furiase, ha generado particular atención. Se informó que obtuvo un crédito por 367 millones de pesos, supuestamente para la adquisición de una propiedad en un country de Pilar. La denuncia señala la rapidez del trámite –solicitado a fines de julio y escriturado a mediados de agosto– y un posible conflicto de intereses, dado que en el momento de la solicitud Furiase era director del Banco Central, organismo regulador del sistema financiero.
Por su parte, los funcionarios involucrados han negado haber recibido trato privilegiado. Felipe Núñez declaró: «No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino». Federico Furiase justificó la velocidad del trámite argumentando que su carpeta «estaba en orden» y defendió la legalidad de la operación.
El Ministerio de Economía ha reconocido que otros cuatro funcionarios de su área también accedieron a créditos de la misma línea. Se trata de Felipe Beron, Juan Manuel Garzón, Javier Matías Mana y Federico Ramos Nápoli.
Las investigaciones, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, buscan determinar si existió una «ventanilla VIP» para funcionarios, si se respetaron los requisitos habituales de ingresos y cuotas, y si hubo facilitaciones en los otorgamientos. Las acusaciones formales incluyen presunto conflicto de intereses y administración fraudulenta, entre otros delitos.