Un querellante solicitó a la Justicia Federal que declare como indagados al Presidente y a otras 15 personas por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos vinculados a la operación de una criptomoneda.
El abogado querellante Martín Romeo, patrocinado por Nicolás Oszust, presentó esta semana ante la Justicia Federal un pedido de declaración indagatoria contra el presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y otros 14 implicados. La causa, conocida como «$Libra», investiga los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos.
La presentación judicial sostiene que se habría utilizado el aparato estatal para otorgar legitimidad a un criptoactivo que luego fue vaciado, afectando a ahorristas por una suma que superaría los 44.5 millones de dólares el pasado 14 de febrero de 2025. Según el escrito, la maniobra se habría iniciado en 2024.
La querella menciona la firma de un contrato, el «Kelsier Group LATAM Agreement», el 16 de octubre de 2024, que habría asegurado a financistas extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para criptoactivos en Argentina. El esquema se habría gestado entre 2018 y 2024 mediante una red de intermediación financiera y plataformas internacionales.
Entre los implicados, el expediente CFP 000772/2025 señala a Sergio Morales como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) que habría dado cobertura legal al esquema. También se menciona al entonces vocero presidencial Manuel Adorni, a Mauricio Novelli como articulador local y a figuras internacionales vinculadas al grupo Kelsier.
Como prueba, la querella cita un tuit del presidente Milei del 14 de febrero de 2025 con el contrato inteligente de la criptomoneda, que, según pericias, habría funcionado como señal para iniciar el drenaje de liquidez. El expediente también incorpora análisis de movimientos financieros en criptomonedas y describe una compleja red de presunto lavado de activos.
La presentación concluye que se trataría de un concurso real de delitos que habría lesionado el orden público, la propiedad privada y el orden económico nacional.