El presidente del Comité de Prevención de la Tortura, Darío Gómez, señaló que el organismo atraviesa una “crisis presupuestaria” y reclamó una mesa de diálogo con el Ejecutivo provincial. Se refirió a la situación de las comisarías, las cárceles, el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad y la necesidad de otorgar rango constitucional al mecanismo local de prevención.
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia, Darío Gómez, de visita en los estudios de CIUDAD TV se refirió a la situación del organismo y planteó las dificultades actuales en materia de financiamiento y diálogo con el gobierno provincial.
“Estamos empezando, en mi caso es un segundo mandato. La ley nos permite presentarnos una vez más al concurso y tuve el honor y orgullo de aprobar dentro de las más de 50 personas que se presentaron. Hoy conformamos las nuevas autoridades titulares del comité”, explicó.
Gómez advirtió que se trata de un momento complejo: “Estamos tratando de acomodarnos a estos tiempos que son muy difíciles por la situación política, económica y social a nivel nacional y provincial. Ponemos el pecho a las adversidades, trabajando con sectores que permanentemente son victimizados producto de un estigma social”.
Sobre el rol del Comité, indicó: “Controlamos el accionar del Estado para que no incumpla con sus obligaciones en alimentación, salud, educación, comunicación con los seres queridos. Elevamos recomendaciones ante los incumplimientos y, de manera más estratégica, hacemos litigio cuando hay violaciones severas, buscando justicia y acciones de no repetición”.
El titular del Comité recordó que organismos internacionales recomiendan fortalecer los mecanismos de control. “Es un pedido del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas que los mecanismos tengan un rango constitucional. Para nosotros sería un gran paso porque le da institucionalidad y jerarquía a un organismo de control externo sobre el accionar de fuerzas de seguridad y funcionarios”, señaló.
No obstante, subrayó las dificultades en el presente: “Este está siendo uno de los momentos más difíciles. No hemos logrado tener diálogo con el Poder Ejecutivo, no tenemos respuesta presupuestaria y estamos atravesando un desfinanciamiento muy importante. Eso nos impide cumplir con las obligaciones de la ley como deberíamos”.
Según Gómez, la voluntad de los trabajadores sostiene el funcionamiento del organismo: “Hasta acá la venimos resolviendo con mucha voluntad, porque trabaja mucha gente comprometida. Eso permite que sigamos siendo una de las provincias más tenidas en cuenta en lo que hace al accionar del mecanismo local de prevención”.
También adelantó que la próxima semana participarán en Buenos Aires de un encuentro regional con referentes de organismos internacionales. “Vamos a plantear el reclamo de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, que significa reconocer la estructura del comité, garantizar la carrera administrativa del personal y nivelar la asimetría que hoy existe frente a los sectores que controlamos”.
Comisarías, cárceles y derechos
En cuanto a la situación de las comisarías, afirmó: “El gobierno viene haciendo mejoras parciales, pero recordemos que no debería haber detenidos en comisarías. Sin embargo, seguimos siendo la tercera o cuarta provincia del país en cantidad de personas alojadas en esos lugares”.
Agregó que las soluciones aplicadas son insuficientes: “En los complejos penitenciarios se inauguraron módulos nuevos, pero en el mismo espacio lo que hacen es agregar camastros. Eso no es una solución. La actitud punitivista del Estado hace que cada vez ingrese más gente, cuando podrían buscarse medidas alternativas a la prisión”.
Respecto del derecho a la comunicación, Gómez fue crítico: “Desde que se aprobó la ley que restringe las comunicaciones en contexto de encierro, la situación es muy delicada. Veníamos de una experiencia de uso liberado de telefonía y notebooks, lo que había pacificado mucho la vida intramuros. Esta restricción de golpe genera disgusto, depresión y una gran cantidad de habeas corpus”.
“El Poder Judicial pudo entrevistar a referentes de las unidades y quedó claro que los fundamentos de los legisladores no corresponden a la provincia. Se apoyaron en casos de otros lugares. En Chaco la población privada de libertad tiene una de las mejores conductas del país”, remarcó.
Por último, insistió en que el enfoque actual representa un retroceso: “Respetamos que hay un gobierno con un discurso punitivista porque tiene que ver con una voluntad popular, pero advertimos que esto es un retroceso de derechos. La ley condena a la persona a la privación de la libertad durante un tiempo, pero no la priva de los demás derechos. En este contexto se está cercenando la comunicación con la familia y eso puede terminar mal si no se busca una flexibilización”.