Así lo informaron desde el Organismo de la Constitución, desde donde resaltaron la demora de un mes, del Gobierno de Javier Milei, en cumplir una orden judicial, lo cual causó enormes perjuicios a los damnificados por la suspensión de sus pensiones no contributivas por discapacidad laborativa, quienes disponían de dichos ingresos para su subsistencia, alimentación, medicamentos, tratamientos médicos etc.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, confirmó, el dictado de una resolución que recepta el informe de la Agencia Nacional de Discapacidad que lleva fecha 18 de septiembre de 2025 y el número 104086490-APN-DE#AND, la cual dispone dejar sin efecto las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I (IF.2025-103713670-APNDAAEY#AND), en cumplimiento de la manda judicial en la causa que impulsó la Defensoría del Pueblo, a favor de todos los beneficiaros de pensiones no contributivas por invalidez laborativa de la Provincia de Formosa.
La medida sirvió para que se liberen los fondos que les fueron retenidos luego de una pseudo auditoría, cuestionada por el Organismo de la Constitución, por su ilegalidad y arbitrariedad, pues vulneraba el trato digno que se merecen las personas con discapacidad, el derecho de defensa de las mismas, el derecho a la información, al debido proceso, a la consulta a organismos especializados para realizar el procedimiento de revisión del otorgamiento de pensiones, habiéndose dispuesto algo inaudito cual es la “suspensión preventiva” de las pensiones sin cumplir con ningún tipo de recaudo constitucional o legal previsto para la tutela de los derechos de un colectivo extremadamente vulnerable como lo son las personas con discapacidad.
Esto motivó que, conjuntamente, la Asociación Camino Azul de Formosa, el Defensor del Pueblo de la Provincia y un grupo de damnificados por la medida lesiva, interpusieran una acción de Amparo, a fin de salvaguardar los derechos de los pensionados por discapacidad no laborativa de todo el territorio provincial.
Como resultado, la Jueza Federal N.º 1 de Formosa, Dra. Belén López Macé, ordenó una Medida Cautelar, de cumplimiento en veinticuatro (24) hs. a los efectos que se restituyan las pensiones ilegalmente retenidas. Mientras tanto, se sustancia el pedido de los demandantes para que se realicen las auditorías en legal y debida forma.
A este respecto el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, expresó: “El cumplimiento cabal de la manda judicial, se concretaría con la liberación de los fondos retenidos “a todas las personas con discapacidad laborativa residentes en el territorio de la Provincia de Formosa. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha comunicado que acata la orden de la magistrada interviniente, haciendo mención a un Anexo que contiene 661 fs., en el cual, estimamos, se encuentran incluidas las personas beneficiadas por el cumplimiento de la orden judicial dada. Iremos verificando la veracidad de lo comunicado por la ANDIS, por intermedio de los pensionados que están percibiendo sus ingresos luego del levantamiento de la suspensión. De faltar alguna persona residente en la Formosa a la cual no se le restituya su beneficio, se entenderá que la medida “aún no está cumplida”, lo cual lo definiremos, a más tardar este viernes, luego de la revisión del susodicho Anexo.”