La sospecha de coimas y retornos en la compra de medicamentos para discapacitados que presuntamente involucra a Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem suma un nuevo eslabón en la cadena de controversias en materia de Salud. El sector, asediado por recortes presupuestarios que llevan al límite la operación de hospitales públicos como el Garrahan, presenta contradicciones que el diputado nacional Daniel Arroyo —autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad— expuso sin tapujos en diálogo con el conductor de «QR!», Pablo Caruso.
Trabajadores de talleres protegidos que apenas cobran 28 mil pesos por mes, acompañantes terapéuticos que ganan 3 mil pesos la hora y deben esperar meses para cobrar y transportistas que ya no pueden cubrir los viajes de los pacientes porque la nafta cuesta más que lo que reciben por traslado configuran un estado de situación que difiere sustancialmente de «las coimas de 500 mil u 800 mil dólares», según expresó Arroyo en referencia a lo mencionado en los audios del desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. «Es obsceno», remató.
En ese marco, este martes estuvieron convocados en el Congreso de la Nación el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de ANDIS, Alejandro Vilches. El motivo: dar explicaciones sobre las razones que permitieron el fallecimiento de 96 personas por fentanilo contaminado, por un lado, y que pudiesen ofrecer respuestas sobre la causa judicial donde se investigan las coimas mencionadas en los audios filtrados, por otro. Ninguno de los dos funcionarios se presentó a la cita.
Arroyo puso énfasis en el ensañamiento que el Gobierno muestra en materia sanitaria y de discapacidad, y criticó la existencia de «auditorías a distancia», mecanismo que obligaba a personas con discapacidad a viajar cientos de kilómetros o a repetir estudios médicos innecesarios con el fin de desalentarlas a continuar con los trámites. Según los datos de la comisión de Salud a la que faltaron los dos funcionarios, el 40% de los telegramas para notificar bajas de pensiones nunca llegaron a destino, lo que explica buena parte de las 110 mil suspensiones de beneficios.
Otro de los puntos señalados por Arroyo fue el «retroceso institucional» que implica subordinar la ANDIS al ministerio de Salud, iniciativa que el oficialismo tiene en estudio. “El Gobierno de Milei va cien años para atrás. Ni [Donald] Trump, ni [Georgia] Meloni ni [Viktor] Orbán hicieron algo semejante. Esto es un abandono deliberado del Estado”, sostuvo.
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La falta de representantes del oficialismo en la comisión fue leída como un intento más de esquivar responsabilidades. Según Arroyo, el Ejecutivo exigió un recorte del 30% en discapacidad, algo que consideró “imposible de cumplir” y que terminó desmantelando el sistema. “Estamos ante una combinación de ajuste brutal, desfinanciamiento y desinterés. Las familias están desesperadas”, concluyó.
LB / FPT