Efectivos de la Policía Federal, al mando de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, entró este miércoles violentamente al predio de la planta de Secco y golpeó y detuvo a uno de las decenas de trabajadores que están protestando contra los más de 30 despidos que forman parte del plan de ajuste de la empresa.
Los trabajadores denunciaron la nueva avanzada represiva del gobierno de Javier Milei con un video en las redes sociales en las que se puede ver la violenta irrupción de los efectivos policiales en la planta que Secco tiene dentro del Ceamse y cómo tiran al piso y golpean a un trabajador que no representaba peligro alguno.
La fuerza que dirige Bullrich se escudó en una orden de desalojo contra los trabajadores que vienen peleando desde hace semanas contra los despidos en esa empresa.
Industrias Secco, involucrada en la denominada «Causa Cuadernos» despidió a 30 trabajadores, entre ellos delegados y activistas sindicales, y los denunció penalmente por protestar.
Trabajadores y abogados laboralistas denunciaron a la empresa luego de que Secco presentara una demanda penal contra trabajadores despedidos que se manifiestan en defensa de sus puestos de trabajo.
Según detalló Ariel Moreno, trabajador de la compañía, 30 empleados del sector de emergencias fueron despedidos. Entre ellos se encuentran delegados sindicales con fueros, candidatos gremiales y activistas de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera – CTA Autónoma). Moreno denunció que se trata de despidos “ilegales y discriminatorios” y que afecta directamente a los llamados “bomberos de la luz”, responsables de asistir en situaciones críticas del sistema eléctrico.
La primera causa, iniciada en la justicia ordinaria de San Martín, fue archivada ante la inexistencia de delito. No obstante, la firma insistió y presentó ahora una nueva denuncia, esta vez ante la justicia federal.
El abogado Roberto Torres, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), explicó que esta acción judicial tiene como objetivo “criminalizar la protesta” y “amedrentar a los trabajadores que ejercen sus derechos constitucionales”.
“Denunciamos a estos empresarios impunes que buscan impedir la libertad de expresión, el derecho a huelga y la posibilidad de organizarse sindicalmente. Protestar es un derecho, no un delito”, advirtió Torres.
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