Desde el 16 de enero de 2025, se han registrado varios combates entre integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, en Norte de Santander (Colombia).
De acuerdo con el reporte entregado por la Defensoría del Pueblo, en la noche del sábado 18 de enero de 2025, el panorama en esta parte del país es bastante desalentador, ya que incrementó el número de víctimas fatales a causa de estos grupos armados, así como el confinamiento, secuestro y desplazamiento de miles de familias que residen en los 11 municipios que comprenden esta región.
“De conformidad con la información recogida en espacios de coordinación interinstitucional sobre la situación en el Catatumbo (…) Alrededor de 60 personas han muerto de manera violenta en Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú”, detalló la entidad en el informe divulgado en sus redes sociales.
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Del total de víctimas mortales, la Defensoría resaltó que se encuentran siete firmantes de paz, así como el líder social Carmelo Guerrero de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).
Igualmente, la entidad reportó que en estos municipios se presenten confinamientos, así como el abandono de múltiples familias nortesantandereanas que salen despavoridas de sus residencias por el miedo y zozobra que generan los enfrentamientos entre ambas estructuras armadas.
“Se reportan confinamientos en los mismos municipios. Algunas personas han sido rescatadas, otras han salido en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales. Muchas personas, entre ellas firmantes de paz, líderes sociales y sus familiares, e inclusive niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas debido a los señalamientos del ELN”, afirmó.
En cuanto a la situación de desplazamiento forzado, la Defensoría reveló que en municipios como Ocaña han recibido 850 familias, así como en Tibú que registra la llegada de 2.500 personas, Ábrego con 37 familias, El Tarra con 68 personas desplazadas. Mientras que en Cúcuta se adelanta un censo poblacional, pero se calcula que un centenar de familias llegaron hasta el Palacio Municipal para resguardarse del conflicto armado.
Incluso, la Cancillería colombiana informó sobre la llegada de 60 personas a la región de El Zulia, en Venezuela, por lo que la Defensoría no descartó que otras familias hayan salido hacia el vecino país.
Así mismo, la organización alertó la situación de desplazamiento y confinamiento que enfrentan las comunidades indígenas del departamento.
“La Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa de Norte de Santander, (YUKPAOJETAW), reporta riesgo de desplazamiento o desplazamientos en las comunidades de Yukpa Tayaya ubicada en San Pablo, Teorama (126 personas); en el Centro Piloto Karacha ubicado en el casco urbano de Tibú (180 personas y 5 ya se desplazaron hacia Venezuela); y las comunidades Ucha Petajpo y Manüracha, ubicadas en Cúcuta (325 personas) y han recibido alrededor de 5 familias provenientes de las demás comunidades”, indicó.
Frente a las personas retenidas por dichos grupos armados, la Defensoría notificó que, desde el jueves 16 de enero de 2025, 20 personas fueron secuestradas, 10 de ellas son mujeres. De estas, 17 seguirían secuestrados, entre ellos, tres firmantes de paz en Convención y Teorama. “12 personas fueron secuestradas extorsivamente para obtener dinero”, agregó la entidad.
Igualmente, la organización sostuvo que en los once municipios que comprenden la región del Catatumbo, se han suspendido las actividades económicas y de subsistencia, así como las actividades educativas. “En algunas comunidades de la región se empieza a reportar escasez de alimentos que afecta, inclusive, a las comunidades indígenas (…) personas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y personas con discapacidad están sufriendo las consecuencias de estos hechos y tienen necesidades especiales y reforzadas de protección.”, resaltó.
No obstante, la Defensoría del Pueblo subrayó que se vienen adelantando varios operativos de rescate para las personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado, pero lanzaron un llamado al Gobierno nacional y a las entidades territoriales para atender a las familias afectadas por el conflicto.
“Hacemos un llamado a las entidades territoriales y al Gobierno nacional a garantizar la atención humanitaria integral de las personas victimizadas en este contexto. Asimismo, habilitar las condiciones necesarias para permitir el ingreso de las autoridades para la adecuada atención de la población (…) A los grupos armados, y particularmente al ELN, permitir el acceso a la atención humanitaria y cesar todo ataque contra la población civil”, concluyó.