Ayer, 25 de noviembre, en todo el mundo conmemoró el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En Argentina, el incremento constante de las cifras, con 227 femicidios registrados en lo que va del año, un caso cada 35 horas, vuelvea encender la alarma y a poner en el centro de la discusión la falta de políticas públicas efectivas .
En este contexto, la provincia del Chaco se posiciona como epicentro de la violencia machista, con 13 femicidios registrados en 2024, liderando las tasas a nivel nacional por cantidad de casos cada 100.000 mujeres.
En Resistencia desde las 9 de la mañana, organizaciones feministas y sociales se concentraron en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Vélez Sarsfield en Resistencia y se movilizaron por las veredas de la ciudad, debido al operativo de seguridad que obligó a cumplir el protocolo antipiquetes.
Paralelamente, la delegación chaqueña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro general que abarcó la administración pública en todos sus niveles para permitir a las afiliadas asistir a la marcha.
La secretaria de Género y Diversidad de ATE Chaco, Andrea Azzetti, en contacto con Radio Libertad se pronunció con firmeza sobre la situación. En sus declaraciones, analizó las cifras y comparó: «el atentado a la AMIA dejó 85 muertos, Cromañón dejó 194 y el patriarcado en Argentina tuvo casi 260 femicidios en lo que va del 2024 y, contrario a lo que debería suceder, se está achicando el Estado en sectores clave de protección hacia las mujeres, hay recortes de presupuesto», señaló la desjerarquización de las áreas destinadas a combatir la violencia de género que aseguró están profundizando la crisis».
«Ya no sabemos a qué herramientas recurrir para generar conciencia sobre lo que significa el patriarcado, la falta de políticas públicas y presupuesto, la falta de entendimiento por parte de nuestras autoridades de que nacer mujer es un factor de riesgo, ni hablar de ser mujer travesti o trans», alertó.
machismo extremo
Desde el Observatorio «Ahora Que si Nos Ven» recordaron que los femicidios son la expresión más extrema de la violencia machista. Mientras el contador de femicidios se ubica en 227 víctimas recordaron que el gobierno de Milei fue el único en votar en contra de la Resolución de la Asamblea de la ONU para la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.
«Mientras Milei rechaza la agenda de derechos humanos de mujeres y niñas, 22 niñas y adolescentes fueron asesinadas en nuestro país», contrapusieron desde esta organización.
«La crueldad como marca de época se hace presente en todos los casos, pero durante el mes de noviembre hubo dos femicidios contra niñas de 8 años que conmocionaron a la sociedad. Uno de ellos ocurrió en Córdoba, Aralí Vivas fue abusada sexualmente y luego asesinada, por el caso fueron detenidos su padrastro, Matías Simone y un amigo de éste, Cristian Varela. El hecho puso en evidencia la grave desprotección estatal de las infancias. En Misiones, Fabiana Sirino también fue víctima de abuso sexual y luego asesinada por un vecino, Marcelo “Nanico” Muller. La niña pudo decir lo que le sucedió antes de morir», recordaron.
Asimismo, durante este mes, Rita Pilar Almirón, mujer trans, fue asesinada por su pareja, Carlos Romero, en Entre Ríos, y en Bahía Blanca se investiga el posible transfemicidio de la activista Rosario Sansone. «Durante estos once meses observamos con preocupación la disminución en la cobertura mediática de casos, lo que produce un subregistro de los mismos. Esto se debe al desplazamiento, silenciamiento y persecución a periodistas especializados en género», aportaron.
«Este 25N volvemos a denunciar que la precarización de la vida de las mujeres representa un grave condicionamiento para poder salir de las relaciones de violencia, y que el gobierno de Milei niega e incumple las leyes y tratados internacionales de prevención, sanción y erradicación de las violencias machistas, por tanto es cómplice y responsables de las mismas», firmaron.
sin políticas publicas
El impacto de las decisiones del gobierno nacional también fue fuertemente cuestionado por Azzetti que también recordó que Argentina fue el único país que votó en contra de aplicar políticas contra la violencia de género en la ONU. «Hay una habilitación del Estado hacia la violencia contra las mujeres, estamos en riesgo», aseveró.
También instó: «Es imperativo exigir al gobierno provincial que tome distancia de la postura del gobierno nacional y marque una diferencia clara en materia de género. Es necesario reinstaurar programas eliminados, garantizar licencias equitativas por maternidad y paternidad, y fomentar políticas que promuevan la igualdad real de oportunidades».
Asimismo la referente gremial recordó que «la violencia machista no solo se evidencia en los femicidios, sino también en las condiciones laborales, el desmantelamiento de políticas de protección y el recorte presupuestario».
Y en este sentido recordó En la provincia del Chaco, lideramos los índices de femicidios, algo que debería alarmar tanto al gobierno nacional como al provincial. Sin embargo, el diálogo parece inexistente. Los pedidos de audiencia son ignorados, y programas clave, como el de prevención del embarazo adolescente, han sido eliminados en lo que parece ser un acuerdo con sectores religiosos», sostuvo.
«Es crucial recordar que las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género son más que cifras en un presupuesto. Son el primer abrazo que una mujer en situación de violencia recibe del Estado, como sucede con la línea 137, cuyo personal enfrenta despidos y precarización laboral», recordó y añadió «Estos trabajadores y trabajadoras son esenciales en el acompañamiento a las víctimas, pero sus condiciones de trabajo reflejan el abandono estatal.»
Por otra parte, destacóo quela falta de perspectiva de género en el gobierno se manifiesta incluso en el lenguaje. Invisibilizar a las mujeres a través de discursos que omiten su presencia es un símbolo de las políticas regresivas. «Todo esto contribuye a que las mujeres y diversidades vivan en constante resistencia, no solo en fechas conmemorativas, sino todos los días, en cada espacio que habitan», reflexionó.
Ante lo cual recordó que la marcha «fue para visibilizar esta realidad, es una más en una larga lista de manifestaciones que intentan mantener este tema en la agenda pública. Sin embargo, el contexto actual, marcado por la retirada de políticas públicas, pone en riesgo no solo a las mujeres y diversidades, sino también los avances logrados en años de lucha feminista».
De esta forma el paro convocado por ATE Chaco también incluyó un fuerte reclamo por la restitución de programas y herramientas fundamentales para la prevención y atención de las violencias. Entre las demandas se encuentran la incorporación laboral de mujeres y personas trans, la creación de guarderías y jardines maternales en los espacios de trabajo, y la equiparación de las licencias laborales entre madres y padres. Según Azzetti, «la falta de estas medidas no solo perpetúa la desigualdad, sino que también revictimiza a las mujeres que intentan salir de contextos violentos».
DENUNCIAS
Mientras que por su parte, desde Mumalá, asgueraron que en los casos de femicidios las denuncias previas por violencia han disminuido drásticamente. En 2024, solo el 12% de las víctimas había denunciado a sus agresores, la cifra más baja de los últimos cinco años. En 2023 fue el 23%, en 2022 el 16%, en 2021 el 21%, en 2020 el 17% y 18% en 2019.
Este descenso, según Mumalá, refleja el impacto negativo de la precarización de políticas públicas, la desactivación de programas de atención y prevención, y el recorte de recursos en líneas de ayuda como la 144.
Natalia Romero, coordinadora provincial de Mumalá, advirtió que «sin políticas públicas que respalden a las mujeres, las denuncias no solo disminuyen, sino que aumentan las probabilidades de que estas situaciones escalen a tragedias».
En un análisis más amplio, el informe de «Ahora Que Sí Nos Ven» detalló que el 19% de las víctimas de femicidios en el país había realizado denuncias previas, mientras que solo el 9% contaba con medidas de protección. Estas cifras exponen la insuficiencia de las estrategias estatales para prevenir y atender los casos de violencia de género.
Además, el relevamiento reveló que 236 niñas y niños quedaron huérfanos en lo que va del año, de los cuales una gran parte son potenciales beneficiarios de la Ley Brisa, que otorga asistencia económica a hijos e hijas de víctimas de femicidio, aunque esta herramienta ha mostrado importantes falencias en su implementación durante 2024.