El juez federal Julián Ercolini llamó a indagatoria a Alberto Fernández por presuntos hechos de corrupción en relación a los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers. Será citado el 20 de noviembre próximo. Al día siguiente deberá presentarse Héctor Martínez Sosa y María Cantero. En total son 39 personas las que deberán brindar explicaciones ante el magistrado.
El ex Jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa quien se quedó con el 42% de los contratos- y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero. El matrimonio fue citado para el 21 de noviembre.
En tanto, el ex titular de Nación Seguros SA deberá presentarse en Comodoro Py el 28 de noviembre por la mañana.
Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos, son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal”. Cada eslabón compone las acusaciones por las que el ex presidente de la Nación deberá rendir cuentas ante la justicia federal.
La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es el decreto 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.
La decisión del ex Jefe de Estado al firmar ese decreto, a criterio de los investigadores, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández en el marco de la indagatoria.
En la resolución a la que accedió Clarín, el juez Julián Ercolini explicitó la imputación contra las 40 personas llamadas a indagatoria. Los responsabilizó de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en “NACIÓN SEGUROS S.A.”.
Para ello, una parte de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de de Alberto Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora «NACIÓN SEGUROS S.A.»; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Asimismo, el juzgado dio por corroborado en esta etapa de la investigación, que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de “NACIÓN SEGUROS S.A.” y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.
En este punto se indicó que dependiendo el caso, se encontraron ante un modo “impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de “NACIÓN SEGUROS S.A.”.
Esto habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, “contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas. Entre ellos se encuentran, entre otros, los nombrados empresarios Héctor Horacio MARTÍNEZ SOSA, Pablo Andrés TORRES GARCÍA y Oscar Alberto CASTELLO; como así también las firmas «HÉCTOR HORACIO MARTÍNEZ SOSA Y COMPAÑÍA S.A.»; «BACHELLIER S.A.»; «CASTELLO MERCURI S.A.», «SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.» y «TG BROKER S.A.», entre otras pertenecientes o vinculadas a los nombrados”.
A la hora de esclarecer la estructura en la cual se habrían cometido las irregularidades, el juzgado se basó en dos informes de auditoría. Uno realizado por Nación Seguros de la actual gestión libertaria, y otro por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que se confeccionó a pedido del juez del caso y a modo complementario del primero.
El primer informe auditor consigna un recorte de ciertos organismos, dependencias del Estado que pagaron comisiones a brokers de seguros. Representan el 67% y una suma global de dinero, de 2.315.868.642 pesos. Se trata de Gendarmería Nacional ($1.617.740.243), Ministerio de Desarrollo Social ($239.621.093), Policía Federal ($215.885.324), YPF ($141.854.216), Empresa Argentina de Navegación Aérea ($ 39.777.692), Ministerio de Seguridad ($35.428.326), Ministerio de Turismo y Deporte ($24.912.641), UTN ($352.593), Cámara de Diputados de la Nación ($296.514).
Pero el juzgado pidió completar el listado a través de la SIGEN. De su trabajo surge que en total el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 pesos por los 45 contratos bajo investigación
Es justamente uno de los puntos centrales que intenta desentrañar el juzgado de Ercolini: si ameritaba que en la totalidad de los 45 contratos bajo análisis intervengan los brokers de seguros.
Al momento de detallar la maniobra, el juez Ercolini precisión en la resolución de 46 páginas que los mencionados intermediarios se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones abonadas por “NACIÓN SEGUROS S.A.” “como consecuencia de su designación por parte de las respectivas reparticiones públicas, a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”, pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Héctor Martínez Sosa “quien poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.
Para la justicia federal lo que prevaleció fue un “direccionamiento indebido, las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García que pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por “NACIÓN SEGUROS S.A.” por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.
Sobre broker amigo del ex presidente, el juez Ercolini escribió: “Corresponde señalar que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Canrtero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.
En lo que refiere a Castello, el juzgado advirtió “aportes económicos para la campaña presidencial de Alberto Fernández, provenientes de su firma «CASTELLO MERCURI S.A.».
Después, se señaló que Torres García y Martínez Sosa junto a Casetello “habrían ejercido su influencia sobre Alberto Carlos PAGLIANO (presidente de “NACIÓN SEGUROS S.A .”) en los negocios de la aseguradora. Por su parte, FERNÁNDEZ y PAGLIANO compartirían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.
Como en su momento contó Clarín, Martínez Sosa cosechó 19 contratos, lo que lo posiciona como el único que acumuló el 42,2% en su rol de intermediario.
No son los únicos números que favorecen al broker amigo de Alberto Fernández. En su auditoría, Nación Seguros lo posiciona como el número dos de los brokers más beneficiados, sin embargo, hay un dato que se impone al “Top Five” confeccionado por el organismo público: Bachellier SA, que encabeza ese listado, y Martínez Sosa, figuran en las contrataciones de cinco dependencias y entre los dos, acumulan 1.959.941.865 pesos: más de la mitad de las comisiones que pagó el Estado