La oposición le dio un golpe al Gobierno y dictaminó el proyecto que modifica la ley de DNU para limitar el poder de «decretazos» de Javier Milei: establece que el rechazo de una sola cámara alcanza para voltearlos y fijan un plazo de vigencia (de 90 días) para que, si en ese tiempo el Congreso no lo avala, se caiga automáticamente.
Ahora van a pedir una sesión especial para votarlo antes de fin de mes, aunque Milei ya adelantó que si se aprueba la va a vetar.
Actualmente, la ley de DNU -aprobada en 2006 durante el gobierno de Cristina Kirchner- fija exactamente lo contrario: que mientras no sean rechazados por el Parlamento, los decretos firmados por el Presidente tienen el peso de una ley. Para que queden sin efecto, además, establece que tiene que ser rechazado por ambas Cámaras.
El primer paso para cambiarlo se dio este miércoles en la tercera reunión del plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, donde el dictamen de mayoría, consiguió 36 firmas: de Encuentro Federal (que motorizó el tema), Unión por la Patria y la nueva bancada radical, Democracia para Siempre, que firmó en disidencia parcial porque Carla Carrizo quería que se mantenga el requisito de que las dos cámaras rechacen para que un decreto quede sin efecto.
La UCR firmó un texto propio presentado por Karina Banfi, aunque su compañero Francisco Monti -que también integra el plenario- no lo firmó. El texto coincide en que el rechazo de una cámara sea suficiente para voltear un decreto, pero no fija plazo. «Eso es un exceso, no lo manda la Constitución, y desincentiva la posibilidad de negociar leyes», consideraron desde el bloque.
El tercer dictamen es el de Juan Manuel López (Coalición Cívica) que plantea lo mismo que el del radicalismo pero además habilita la posibilidad de hacer rechazos parciales.
La Libertad Avanza -que considera la movida una una decisión «especulativa» que quiere socavar la gobernabilidad– presentó un proyecto de rechazo.
El PRO, que siempre había militado modificaciones a esta ley y tiene proyectos propios, ahora no acompañó ningún dictamen. Así lo acordaron después de la reunión con Mauricio Macri.
Debate y cruces en la comisión
La bullrichista Silvana Giudici fue la única que defendió su cambio de postura durante el debate en comisión. «Cuando lo apoyábamos lo hacíamos porque la ley había venido para reforzar la tiranía de las mayorías, para obturar la posibilidad de desacuerdo y dejar correr la escribanía que habían generado. Cuando gobierna un espacio distinto quieren caer con todo el peso para recortar ese cambio. No me parece la manera. El instituto de los DNU también garantiza la gobernabilidad», planteó.
Además, apuntó contra Unión por la Patria, que siempre se opuso a modificar la ley (e incluso hizo caer en el Senado la única posibilidad que había conseguido avanzar en 2010) pero ahora quiere modificar la norma. Se cruzaron los roles.
Las bancadas opositoras buscarán llevar el tema al recinto antes de que termine el periodo ordinario, el 30 de noviembre.
«Los proyectos son similares. Se trata de cuestiones salvables que se seguirán discutiendo de cara al recinto», afirmó uno de los legisladores que participó en la redacción del dictamen.
Lo cierto es que tienen altas chances. Solo con UP (99), Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12) y la Izquierda (5) suman 132 votos, suficientes para tener quórum y aprobarlo.
El mega DNU 70 de Milei, que tenía más de 300 artículos y derogaba y modificaba decenas de leyes, despertó alarmas en el Congreso, y fue el disparador para avanzar con esta modificación.
Como el oficialismo no quería avanzar, la oposición los obligó a tratar el tema mediante la votación de un emplazamiento en la última sesión.
El presidente Milei adelantó que la vetará y la consideró un «intento de golpe de Estado». «Si el Presidente la veta bien merecido por hipócritas y por fomentar la inseguridad jurídica», sentenció el diputado de LLA, Lisandro Almirón, al cierre del debate