El gobierno impulsa un expediente paralelo al interior de la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Javier Melik, donde se estudian si existió alguna irregularidad /o direccionamiento en la contratación de los 25 brokers de seguros investigados en la causa por presuntos hechos de corrupción que tiene a Alberto Fernández, como principal imputado. El organismo estatal analiza no sólo el decreto que obligó a la contratación exclusiva de Nación Seguros.
El Decreto 823/2021, que dio origen a la causa de los seguros, se convirtió en el punto de partida desde el cual el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo buscan determinar si se montó una estructura defraudatoria que generó un perjuicio al Estado.
La fiscalía le dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que analice la normativa impulsada por Alberto Fernández que habilitó la intermediación de brokers en millonarios contratos entre organismos estatales. Bajo estudio están los chats de la secretaria del expresidente, María Cantero, para ver si arrojan alguna irregularidad respecto a los 19 contratos otorgados a su marido, Héctor Martínez Sosa.
En tanto, la OA tramita un expediente administrativo con la finalidad de determinar la posible comisión de algún delito en el marco de la normativa que impulsó Fernández cuando era presidente de la Nación.
Según pudo constatar Clarín, uno de los puntos centrales de ese expediente es desentrañar si los 25 brokers que intermediaron fueron seleccionados para ganar esos contratos, por sus vínculos con el poder.
La actividad de los productores asesores de seguros se encuentra regulada por la Ley 22.400, que establece la obligación de que los intermediarios entre las empresas y los asegurados estén matriculados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que es el organismo de aplicación y control.
El juez Ercolini y el fiscal Rívolo analizan las presuntas irregularidades alrededor del decreto a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al Estado nacional a contratar coberturas exclusivamente con Nación Seguros, y eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la participación de intermediarios en esos contratos.
La auditoría de Nación Seguros consigna todas las aseguradoras que intervinieron en esa maniobra qué reparticiones del Estado Nacional; organismos centralizados, descentralizados, empresas y sociedades del Estado firmaron los contratos. Así se conoció una primera lista de los 25 principales intermediarios que percibieron la mayor cantidad de comisiones por parte del gobierno de Alberto Fernández.
El informe analizaba el 67% de los principales organismos que permitieron la intermediación de los brokers de seguros.
¿Los más onerosos? Gendarmería Nacional ($1.617.740.243), Ministerio de Desarrollo Social ($239.621.093), Policía Federal ($215.885.324), YPF ($141.854.216), Empresa Argentina de Navegación Aérea ($39.777.692), Ministerio de Seguridad ($35.428.326), Ministerio de Turismo y Deporte ($24.912.641), UTN ($352.593), Cámara de Diputados de la Nación ($296.514).
Para completar el 33% restante, el juez Ercolini solicitó un segundo informe a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Ese extenso listado reunió a 81 productores inscriptos, de los cuales 33 operaron sin ningún tipo de intermediación. En total, el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 de pesos por los 45 contratos bajo investigación.
Allí, se detalla que Héctor Martínez Sosa -el amigo de Alberto Fernández- fue el broker que más intervino a título personal, a través su firma Héctor Martínez Sosa CIA S.A y para otros siete productores. Son 19 contratos, equivalentes al 42,2% en su rol de intermediario.
Ahora, la Oficina Anticorrupción quiere determinar si en la contratación de los intermediarios existió algún tipo de direccionamiento para beneficiar a algunos empresarios.
La OA interviene con un expediente donde requirió información de la Superintendencia de Seguros en un trabajo conjunto con la fiscalía. Todo se encuentra bajo reserva, en cumplimiento con los reglamentos del organismo.
Cuando la causa se impulsó en Comodoro Py, se comenzaron a investigar dos posibles delitos: el pago de comisiones que estarían por encima de los valores de mercado y un direccionamiento en la elección de los brokers intervinientes en los 45 contratos por más de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.