Diputados de la Unión Cívica Radical alertaron que el dictamen de mayoría de la nueva ley de Bases, que comenzará a tratarse a partir del próximo lunes en la Cámara baja, habilita la disolución de un ente que es clave para recuperar la identidad de los desaparecidos de la última dictadura y que colaboró en la restitución de los nietos encontrados desde 1987 hasta hoy.
Se trata del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un ente que es responsable entre otras funciones de almacenar y comparar el material genético de quienes tienen dudas sobre su identidad u podrían ser hijos de desaparecidos.
El comunicado de la UCR alerta que el BNDG no aparece dentro del artículo 3 del texto de la nueva ley Bases, que puntualiza los organismos que el Estado no podría disolver en caso de aprobarse. Es decir, los que podrían ser recortados pero no disueltos. Entre ellos aparecen el CONICET (Ciencia), ANMAT (Laboratorios), INCAA (Cine), ENACOM (Comunicaciones), ARN, CNEA, (Energía nuclear) o CNV (Bolsa de valores).
Dentro de ese listado es donde no está incluido el BNDG. Esto hace que sea permeable a una posible disolución. El dictamen fue aprobado con el apoyo de la UCR, del bloque de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, quienes firmaron pero en disidencia.
«El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación», remarca la UCR en su comunicado.
«Estamos a tiempo de defender el BNDG en el Recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales. El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas», agrega.
Quien también fue extremadamente crítico con la omisión del BNDG dentro del listado fue el diputado Leopoldo Moreau, que vinculó el tema directamente con lo sucedido en la última dictadura militar. «Es el revanchismo de los genocidas. No quieren que sigan apareciendo nietos porque cada de ellos es un testimonio viviente e irrefutable de los crímenes de lesa humanidad que cometieron», lanzó.
Cómo funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos
Creado en 1987 por Alfonsín, el BNDG fue una de las instituciones que se fundaron para tratar de dar una respuesta a los familiares de desaparecidos a través de una técnica que en ese momento recién comenzaba a florecer: el análisis de material genético. El mismo habilita las búsquedas de identidad de personas desparecidas hasta el 10 de diciembre de 1983.
Es un organismo autónomo y autárquico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Desde el organismo no respondieron a Clarín respecto a su futuro.
El análisis consiste en el estudio de secuencias de ADN (marcadores genéticos) que se encuentran en los cromosomas humanos. Estudiando un número estandarizado de marcadores de ADN se pueden obtener un índice que indica las probabilidades de vínculo genético de dos individuos, ya sea de paternidad o abuelidad. Este último punto fue clave en los casos argentinos, donde el material genético era presentado por personas que buscaban a sus nietos.
Actualmente, la entidad responsable de los procesos para restituir identidades es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a donde llegan las solicitudes de personas que tienen dudas sobre sus orígenes. El organismo hace un primer intento a partir de papeles oficiales y, en caso de no poder resolver, acude al BNDG que realiza el análisis comparativo contra el ADN de los grupos de familiares que tienen registrados.
Todos estos servicios son gratuitos, según está garantizado por la Ley 26.548. La misma norma además plantea el celoso resguardo de los datos que almacena el organismo, los cuales no pueden ser solicitados.
La existencia de un banco permite conservar las muestras biológicas de los familiares, muchos de ellos gente adulta, con lo cual la búsqueda puede prolongarse más allá de su muerte. «Además permite poder comparar a cualquier joven cuya identidad hubiera sido cambiada con todo el universo de las familias que buscan a sus nietos», explica el organismo en su sitio web. Por ese motivo, su posible disolución pone en peligro el registro que habilita que la búsqueda siga activa.
La tarea del Banco incluye trabajo de antropología forense, análisis de las muestras, estudio informático de los datos, y mantenimiento y preservación de los datos genéticos. Según datos del organismo, solo en 2023 analizaron más de 1300 muestras.
En los meses que lleva de gestión el gobierno dio marcadas muestras de querer revisar las políticas de Estado vinculadas a la última dictadura militar. Desde el video que hace un revisionismo sobre el período 1976-1983 hasta la prédica de Javier Milei contra el número oficial de 30 mil desaparecidos. Además se puso en la lupa el cobro de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado.