lunes, 25 noviembre, 2024

Juicio por YPF en EEUU: el fondo Buford reclamó que la Argentina le transfiera el total de sus acciones

Los demandantes presentaron una solicitud confidencial, que ahora salió a la luz a pedido del Gobierno. El Estado tiene el 51% del capital accionario de la petrolera desde que la expropió, en 2012.

Melina Manfredi

La petrolera YPF es una de las empresas que el nuevo gobierno podría volver a privatizar. (Foto: LUIS ROBAYO/AFP).

La petrolera YPF fue expropiada durante la gestión de Cristina Kirchner. (Foto: LUIS ROBAYO/AFP).

El juicio por la expropiación de YPF avanza en Estados Unidos. El fondo Burford -que ganó el litigio en primera instancia- presentó este mes un pedido confidencial a la jueza Loretta Preska para que ordene a la Argentina transferir sus acciones a los beneficiarios del fallo. Ahora, esa solicitud salió a la luz y la magistrada decidirá en junio si hace lugar al requerimiento.

“Los beneficiarios del fallo en el caso por la expropiación de YPF solicitan a la Juez Preska que ordene a la República Argentina transferirles la titularidad de todas las acciones de la petrolera (incluyendo aquellas asignadas a las provincias) que fueron expropiadas en 2012. Esto ocurre como consecuencia del incumplimiento del fallo que obliga al país abonar US$16.100 millones”, indicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso, en su cuenta de X.

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El especialista recordó que en noviembre del año pasado, la jueza Preska había indicado que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. En aquel momento, la Argentina tenía la oportunidad de depositar una garantía para no pagar y proseguir con la apelación, pero no lo hizo.

La jueza Loretta Preska, magistrada que presidió el juicio contra el Estado argentino. (Foto: The New York Times)

La jueza Loretta Preska, magistrada que presidió el juicio contra el Estado argentino. (Foto: The New York Times)

Por eso, Maril cree que la jueza podría acceder al pedido de los beneficiarios del fallo y ordenar a la Argentina que transfiera la totalidad de su participación en la petrolera. Pese a ello, el analista recordó que la ley en la que se aprobó la expropiación de YPF indica expresamente que se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin una autorización votada por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Si la jueza hiciera lugar al pedido y el país no transfiriera las acciones, entraría en desacato con la justicia de los Estados Unidos.

La eventual transferencia de las acciones a los beneficiarios del fallo significaría una reprivatización de hecho de la petrolera. Y el pedido llega, precisamente, cuando el gobierno de Javier Milei estudia qué empresas públicas se podrían privatizar para reducir el gasto estatal.

Cómo sigue el juicio por YPF

Mientras, los abogados del país presentarán un escrito el próximo 16 de mayo oponiéndose al pedido de los demandantes. Antes, pidieron a la jueza que haga público este pedido del fondo Burford. Según Maril eso probablemente tenga intencionalidad política: mostrar la estrategia de los demandantes y, a la vez, exponer las consecuencias de las decisiones que tomaron los gobiernos anteriores.

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Por su parte, los beneficiarios del fallo tendrán tiempo hasta el 30 de mayo para defender su pedido de transferencia de las acciones de YPF como estrategia para cobrar el fallo de US$16.100 millones que condenó a la Argentina por la estatización. Una vez cumplidos esos pasos, la jueza Preska podrá emitir su dictamen, que probablemente llegará en las primeras semanas de junio.

El presidente de YPF, Horacio Marín.  (Foto: NA).

El presidente de YPF, Horacio Marín. (Foto: NA).

En paralelo al proceso en primera instancia que condenó a la Argentina y que tiene el seguimiento de Preska en lo que tiene que ver con la forma de pago y los posibles embargos contra bienes del país en el exterior, la Corte de Apelaciones de Nueva York debe decidir sobre el recurso la Argentina para desconocer la condena inicial. En ese procedimiento, el Gobierno logró los apoyos de países como como Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador.

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