El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, dio por finalizada la negociación con productores y anunció que el Gobierno avanzará con la propuesta de las multinacionales para reformar el régimen de propiedad intelectual de las semillas.
La reunión convocada este miércoles en la Secretaría de Agricultura para negociar la reforma de la ley de semillas finalizó sin acuerdo. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, dio por terminado el encuentro y afirmó que el Gobierno redactará la ley con la empresa Bayer.
«Voy a redactar la ley con Bayer», declaró Cacace durante la reunión, según relató a LPO uno de los asistentes. El funcionario, mano derecha del ministro Federico Sturzenegger, ya había manifestado semanas atrás que las negociaciones avanzaban, aunque a un ritmo lento.
En el encuentro participaron, por un lado, representantes de las multinacionales Bayer, Corteva y Syngenta, junto con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Por el otro, asistieron las cuatro entidades de la Mesa de Enlace: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria.
El principal punto de discusión es el alcance del derecho de los productores a reservar semilla para uso propio y los casos en que deben pagar regalías. Las compañías sostienen que sin regalías suficientes disminuye el incentivo para investigar. Los productores cuestionan hasta dónde puede extenderse ese derecho sobre una práctica histórica.
La Argentina está adherida al Acta UPOV de 1978. El Gobierno busca avanzar hacia el esquema de 1991, que amplía los derechos de los obtentores. Además, el país firmó con Estados Unidos un acuerdo comercial que incluye compromisos para reforzar la protección de la propiedad intelectual, con capítulos sobre medicamentos y semillas. La ratificación del acuerdo se encuentra pendiente en el Congreso.
En junio, el INASE y Agricultura habilitaron un protocolo para verificar la identidad varietal de los granos en los primeros puntos de entrega. Las muestras pueden ser analizadas por cámaras arbitrales y entidades privadas habilitadas, y los titulares de variedades protegidas pueden acceder a los resultados para denunciar eventuales infracciones.
Cacace había afirmado públicamente que el 70% del comercio de semillas argentino era ilegal. Representantes del sector local señalaron que el funcionario confundía semilla no fiscalizada con semilla ilegal. La Ley 20.247 permite que un productor reserve para uso propio semilla adquirida legalmente.
Dentro de la Mesa de Enlace existen posiciones divergentes. Coninagro aceptó públicamente la posibilidad de un uso propio oneroso con excepciones, mientras que Federación Agraria ratificó su rechazo al tratado internacional UPOV 91.
Hasta el momento, el Gobierno había convocado a productores y obtentores para definir quiénes quedarían exceptuados del pago por el uso propio, con la intención de alcanzar un acuerdo por consenso.