Juan Nicolás Almirón Núñez, cabo primero de la Policía del Chaco, admitió su participación en la organización investigada por el robo de cocaína durante una quema judicial y acordó con la Fiscalía Federal un juicio abreviado. La pena pactada es de seis años y seis meses de prisión efectiva, 45 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta. El acuerdo deberá ser homologado por la jueza Federal de Garantías N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.
La causa conocida como “narcopolicías” sumó este martes un nuevo acuerdo de juicio abreviado. Juan Nicolás Almirón Núñez, cabo primero de la Policía del Chaco, reconoció su participación en los hechos investigados y acordó con el Ministerio Público Fiscal una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva, además de 45 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
El acuerdo todavía debe ser homologado por la jueza Federal de Garantías N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger. De concretarse, Almirón Núñez se sumará al grupo de policías que ya resolvieron su situación procesal mediante acuerdos con la Fiscalía en el marco de la investigación por el faltante de cocaína durante un procedimiento de incineración judicial.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la pena pactada representa una reducción significativa respecto del pedido que el Ministerio Público Fiscal había formulado en la acusación formal. Para Almirón Núñez, la Fiscalía había solicitado 11 años de prisión y 50 unidades fijas de multa, además de la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.
La acusación lo señalaba como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la cantidad de partícipes y por su condición de funcionario público, en concurso material con el delito de peculado.
El acuerdo mantiene esas dos figuras penales, pero reduce la pena solicitada originalmente por la Fiscalía en cuatro años y seis meses y también disminuye la multa de 50 a 45 unidades fijas.
Otro policía que reconoce su participación
El caso de Almirón Núñez tiene similitudes con el de Néstor Ariel Urne Canteros, otro de los policías acusados en la investigación, quien también acordó una pena de seis años y seis meses de prisión, 45 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta.
En cambio, otros tres policías que anteriormente habían cerrado sus situaciones mediante acuerdos —Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García— recibieron penas de tres años de prisión en suspenso. En esos casos, la calificación acordada fue la de encubrimiento agravado.
Con el nuevo acuerdo, ya son cinco los policías que, según los acuerdos alcanzados con la Fiscalía, reconocieron su participación o responsabilidad en distintos niveles dentro de la trama investigada.
La causa todavía mantiene a otros imputados bajo investigación y podría adquirir nuevas derivaciones a partir de la información que los policías que aceptaron los abreviados eventualmente aporten a la Fiscalía.
La acusación por el robo de cocaína
La investigación se inició a partir del procedimiento de incineración de estupefacientes realizado el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez.
Según la hipótesis fiscal, los efectivos que tenían a su cargo la custodia, traslado e incineración de la droga aprovecharon esas funciones para retirar de la esfera de custodia estatal 9,490 kilos de cocaína.
La maniobra habría quedado expuesta a partir de una diferencia en los pesajes. Una primera medición había registrado 8,700 kilos, mientras que una segunda arrojó 7,585 kilos. Posteriormente, durante la requisa de una camioneta policial, fueron encontrados nueve paquetes de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo y en una mochila.
La Fiscalía también había señalado que en una mochila perteneciente a Urne Canteros apareció un paquete que simulaba contener cocaína, pero que en realidad tenía yeso. Para los investigadores, ese elemento formaba parte de una maniobra destinada a reemplazar la droga sustraída y disimular el faltante durante la destrucción de los estupefacientes.
A esto se sumaron comunicaciones extraídas de los teléfonos celulares de los policías. Para la acusación, mensajes, fotografías y audios permitieron reconstruir una planificación previa y establecer distintos roles entre los integrantes de la organización investigada.
Los aportes que podrían abrir otro capítulo
Uno de los puntos de mayor interés de los acuerdos alcanzados es la eventual información que los policías involucrados podrían aportar a la investigación.
Durante las negociaciones surgió la posibilidad de que algunos de los imputados aporten datos sobre otras personas que habrían participado de la maniobra y que no fueron formalmente acusadas hasta el momento. Incluso, según la información conocida en el marco de la causa, algunas de esas personas formarían parte de la lista de testigos ofrecidos por el propio Ministerio Público Fiscal.
Los eventuales aportes también podrían referirse a otros procedimientos en los que se habrían producido faltantes de droga y a posibles irregularidades en la cadena de custodia de estupefacientes secuestrados.
La relevancia de esa información dependerá de que sea efectivamente aportada y de que pueda ser corroborada por la investigación.
Ocho policías en la acusación original
La acusación formal había alcanzado a ocho integrantes de la Policía del Chaco: Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, César Alegre, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.
En esa presentación, la Fiscalía había solicitado penas de entre ocho y quince años de prisión, de acuerdo con el rol y la imputación atribuida a cada uno.
La situación procesal de varios de ellos comenzó a modificarse a partir de los acuerdos de juicio abreviado. Ahora, con el convenio alcanzado por Almirón Núñez, la causa suma otro reconocimiento de responsabilidad y una nueva pena acordada que, al igual que la de Urne Canteros, deberá ser revisada y homologada por la jueza Niremperger.
El expediente, mientras tanto, continúa abierto para los restantes imputados y podría sumar nuevos capítulos si los acuerdos con los policías que reconocieron su participación derivan en información que permita avanzar sobre otros posibles involucrados o sobre eventuales episodios anteriores vinculados con faltantes de estupefacientes.