Un informe del contador tributarista Juan Pablo Futten sostiene que las exenciones y beneficios impositivos del proyecto de Presupuesto 2027 representan el 6,31% del PBI, mientras que el cálculo oficial los estima en 3,67%. El documento detalla los regímenes incluidos y propone modificaciones.
El debate parlamentario y público en torno al proyecto de Presupuesto 2027 incluye una discusión sobre el peso económico de los denominados "gastos tributarios". Las estimaciones presentadas por el oficialismo cifran estas erogaciones en un 3,67 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), en línea con los registros de 2025 (3,72 por ciento) y 2026 (3,69 por ciento).
Un informe del contador tributarista Juan Pablo Futten sostiene que dichas cifras están subestimadas. Al incorporar una serie de tratamientos diferenciales, exenciones y beneficios, el monto se eleva al 6,31 por ciento del PBI, según el documento.
De acuerdo con el reporte, correspondería denominarlos "privilegios tributarios", ya que, afirma, operan como un mecanismo de transferencia de recursos públicos que beneficia a grandes empresas y grupos económicos concentrados.
Beneficios para los que más pueden
Los gastos tributarios se definen como la pérdida de recaudación fiscal que experimenta el Estado al otorgar tratamientos impositivos diferenciales para incentivar determinadas actividades económicas, regiones o sectores.
El análisis de Futten detalla componentes que, según el informe, el Presupuesto omite o minimiza. En primer lugar, destaca el impacto fiscal del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), cuyo costo se proyecta en 2.200 millones de dólares, equivalentes al 0,39 por ciento del PBI.
A ello se añade el ajuste por inflación impositivo para las grandes empresas en el impuesto a las Ganancias, que drena unos 2.500 millones de dólares, es decir, el 0,44 por ciento del PBI. Este ajuste evita que las empresas tributen sobre ganancias ficticias; sin embargo, aplicado a grandes empresas, puede convertirse en un beneficio fiscal al reducir la base imponible.
El entramado de beneficios sectoriales incluye al sector agropecuario y a los patrimonios de alto poder adquisitivo. Los alquileres de inmuebles rurales exentos del IVA representan 1.500 millones de dólares (0,27 por ciento del PBI), mientras que la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales sustrae otros 1.300 millones de dólares (0,18 por ciento del PBI).
Asimismo, la diferencia de alícuotas generada por los bienes ingresados al blanqueo y al REIBP (Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales) implica 1.400 millones de dólares, un 0,25 por ciento del PBI.
Dentro de este listado se contabilizan también los honorarios al directorio, que sustraen del IVA unos 731,5 millones de dólares (0,13 por ciento del PBI), y los convenios tributarios internacionales para evitar la doble imposición, que restan 500 millones de dólares (0,10 por ciento del PBI).
El informe menciona la gestión de deudas tributarias en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), que involucra disputas en IVA, Ganancias, Bienes Personales y tributos aduaneros por 5.000 millones de dólares (0,88 por ciento del PBI), y lo describe como un canal para que los grandes contribuyentes posterguen obligaciones.
El total de los beneficios impositivos asciende a 13.831,5 millones de dólares, configurando ese 2,64 por ciento adicional del PBI que, según el informe, el presupuesto oficial no contabiliza.
Propuestas para desarmar los privilegios
El documento de Futten expone propuestas para reformar el sistema tributario. El informe advierte que el IVA es un impuesto de carácter regresivo porque recae proporcionalmente con más fuerza sobre los sectores populares y vulnerables.
Citando estudios del BID para América Latina y la Argentina, señala que el quintil más rico de la población se apropia de más del 60 por ciento de las exenciones y desgravaciones del IVA, mientras que el quintil más pobre accede al 10 por ciento de dichos beneficios. En sintonía con esto, el documento cuestiona la continuidad de los incentivos de la Ley de Economía del Conocimiento, que beneficia a empresas como Mercado Libre.
También propone la derogación de la exención de IVA sobre el cobro de honorarios por parte de directores, síndicos y miembros de la administración de sociedades comerciales. "Carece de toda justificación ética y tributaria que un pequeño comerciante o monotributista pague religiosamente el IVA mientras un directorio empresarial —un universo que no supera las 100.000 personas— permanezca exento", advierte.
Por otro lado, actualmente, la renta por dividendos tributa una tasa del 7 por ciento para personas humanas, alcanzando a unos 24.000 contribuyentes que aportan cerca de 244 millones de dólares, según las estimaciones del informe. En ese sentido, propone llevar este gravamen a la escala general del impuesto a las Ganancias de las personas humanas, que trepa hasta el 35 por ciento, incluyendo a los accionistas radicados en el exterior.
Futten también plantea la revisión de los Convenios Internacionales para evitar la doble imposición. Estos acuerdos, sostiene, han servido para erosionar la base imponible local, perjudicando a las pymes y fomentando prácticas de elusión mediante estructuras jurídicas ficticias.
Además, impulsa la eliminación de la exención del IVA en los alquileres de inmuebles rurales, gravándolos con la tasa reducida del 10,5 por ciento en el sector agropecuario, protegiendo exclusivamente la vivienda única del locatario y al Estado.
Cuestiona, asimismo, la exención en el impuesto sobre los Bienes Personales para los inmuebles rurales (incluso para residentes en el exterior), creando asimetrías donde un comerciante urbano tributa, mientras un campo en la zona núcleo goza de exención fiscal.
Por último, la propuesta plantea modificar el efecto suspensivo en las apelaciones ante el TFN por deudas impositivas y aduaneras, sustituyéndolo por el efecto devolutivo o exigiendo un seguro de caución. Esto evitaría que los grandes contribuyentes utilicen el tribunal como una herramienta dilatoria para postergar deudas fiscales.
El informe concluye que desentrañar los privilegios tributarios que el Presupuesto 2027 oculta bajo tecnicismos es un paso indispensable para discutir hacia dónde van los recursos públicos en Argentina y qué sectores deben sostener el esfuerzo fiscal.
La necesidad de analizar en detalle las exenciones e incentivos fiscales (llamados "privilegios tributarios") resulta de que suelen estar enmascarados bajo términos técnicos. El autor plantea que hacer esto es fundamental para discutir con transparencia hacia dónde se destinan los fondos públicos y para evaluar si el esfuerzo fiscal está distribuido de manera justa entre todos los sectores económicos.
Página 12