Un grupo de 91 jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires expresó su rechazo al pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis, luego de que declarara inconstitucional la reducción de la edad de punibilidad en un caso concreto.
Un grupo de 91 magistrados e integrantes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su público «repudio» y «preocupación» ante las recientes expresiones del Poder Ejecutivo porteño liderado por Jorge Macri y la presentación de un pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis.
La jueza titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Capital fue cuestionada tras emitir una sentencia el pasado 21 de septiembre en el marco de la causa «M.I.A. y otros s/ art. 164 – Robo y otros».
De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, la velocidad con la que se organizó el respaldo y la cantidad de firmas reunidas en favor de la magistrada constituyen un hecho poco frecuente en el ámbito local.
El conflicto se desencadenó a partir de una resolución en la cual la magistrada ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad bajo el modelo difuso que establece la Constitución Nacional.
En dicho fallo, De Marinis declaró la inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 27.801 para el caso concreto de un adolescente menor de 14 años de edad, al considerar que la reducción de la edad de punibilidad resulta una medida regresiva con relación al sistema de protección integral de derechos.
La solicitud de inconstitucionalidad había sido impulsada por el Ministerio Público de la Defensa y contó con la adhesión formal del Ministerio Público Tutelar en representación del menor. Posteriormente, la decisión jurisdiccional generó la reacción del gobierno porteño y repercusiones en sectores políticos y periodísticos, culminando en la iniciativa para impulsar el enjuiciamiento de la magistrada.
«Expresamos nuestro más enfático repudio y profunda preocupación frente a las expresiones de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la decisión adoptada por la señora jueza Dra. Laura B. De Marinis y, en particular, frente a la presentación del pedido de juicio político en su contra como consecuencia del desacuerdo con el contenido de esa decisión jurisdiccional», manifestaron los jueces firmantes en un comunicado.
Los límites procesales y la garantía de la independencia judicial
En el documento, los magistrados destacaron que las discrepancias con un fallo judicial deben encauzarse a través de las vías procesales ordinarias y no mediante mecanismos disciplinarios o de remoción.
Al respecto, precisaron que «la legislación procesal pone a disposición de las partes los canales recursivos apropiados para obtener la revisión de tales decisiones por las instancias judiciales superiores; y, de hecho, en este caso el Ministerio Público Fiscal ya apeló el fallo en cuestión, lo cual demuestra que el propio sistema jurídico está utilizando, como corresponde, los mecanismos adecuados».
En esa misma línea, el comunicado advierte sobre los riesgos institucionales que implica accionar contra un juez por el sentido de sus decisiones. Los firmantes expresaron literalmente que «la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial, que ha sido instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces, sino en amparo de los derechos y las garantías de las personas, para que no puedan ser avasalladas por ningún otro poder, dentro o fuera del Estado».
Para fundamentar su postura, el texto cita que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la independencia judicial protege a quienes ejercen la magistratura frente a interferencias indebidas, y ha distinguido claramente entre los mecanismos destinados a revisar la corrección de una sentencia (recursos) y los procedimientos disciplinarios que tienen por objeto examinar la conducta de los jueces».
En el cierre del escrito, manifestaron: «Rechazamos la intromisión y el acoso del Poder Ejecutivo, y exhortamos a las autoridades públicas a actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho». Entre las firmas adherentes al comunicado figuran magistrados como Juan José Albornoz, Karina Andrade, Javier Barraza, Andrea Danas, Ramiro dos Santos Freire, Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Pablo Mántaras, Víctor Trionfetti y Hugo Zuleta, entre otros.
El Destape