La asociación civil Usina de Justicia presentó dos escritos ante la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
La Asociación Civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, por su decisión de suspender preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 (Régimen Penal Juvenil) en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada el lunes en el marco de un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Usina de Justicia realizó dos presentaciones judiciales. Por un lado, solicitó intervenir como amicus curiae en el expediente de habeas corpus, y por otro, formuló una denuncia penal contra la jueza por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. La figura de amicus curiae permite que terceros ajenos al proceso acerquen argumentos técnicos al tribunal, que podrán ser considerados o no al momento de resolver.
La decisión de la jueza Pascual no derogó ni anuló la ley, sino que dispuso que no sea aplicada en la provincia de Buenos Aires durante 60 días. Además, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que autoridades provinciales deberán informar sobre las medidas adoptadas y previstas para la implementación de la norma. Usina de Justicia pidió participar de esa reunión.
En su página web, la ONG explicó que su presentación respalda sus objetivos institucionales: “Defender y promover la participación de las víctimas y de sus familiares en los procesos judiciales y procurar que puedan ser escuchadas cuando se adoptan decisiones que afectan directamente el funcionamiento del sistema penal”. La denuncia contra la jueza sostiene que “la decisión judicial se habría basado en una hipótesis de futuro acerca de un posible incremento de las internaciones y de las condiciones de alojamiento, sin que existiera una lesión concreta que justificara suspender la aplicación de la ley”. Además, cuestiona que no se hayan considerado integralmente las herramientas previstas por la ley, como medidas educativas, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico o mecanismos de reparación integral del daño.
La jueza Marta Elba Pascual defendió su decisión y afirmó que no está en desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, pero sostuvo que “no se trata de encerrar por el encierro mismo, sino de darles mecanismos para cuando salgan”. También señaló que en sus fallos aplica la “justicia restaurativa” y que “hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente”.
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich cuestionó la decisión de la jueza y escribió en la red social X: “Una Justicia provincial garantista que deja libres a los delincuentes para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”. También se refirió al gobernador: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.