El juez federal Ariel Lijo requirió al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete informes sobre el uso de fondos del SISVIAL, en el marco de una denuncia por presunto desvío de más de un billón de pesos.
El juez federal Ariel Lijo solicitó al Poder Ejecutivo información sobre los fondos destinados a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales, en el marco de una denuncia penal por presunto desvío de recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Según fuentes judiciales, el magistrado pidió datos al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También libró oficios a la Dirección Nacional de Vialidad.
La causa se originó a partir de denuncias presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en representación de esa provincia. Ambos fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán impulsar el caso y solicitar medidas de prueba.
La denuncia de la provincia de La Rioja indica que, al 31 de mayo de 2026, había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras del Tesoro Nacional. Además, señala que en los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei se asignaron al sistema aproximadamente $1,5 billones, pero solo $394.406 millones se aplicaron a obras y mantenimiento vial, lo que representa una subejecución estimada del 73,8%.
La denuncia penal de Tolosa Paz acusa formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación por presunta malversación de caudales públicos agravada y desvío ilegítimo de más de 1,5 billones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. Según la legislación, esos fondos tienen afectación específica para el SISVIAL, destinado al mantenimiento, desarrollo y reparación de rutas nacionales.
La diputada sostiene que, en lugar de girar los recursos a obras viales, el Ministerio de Economía los colocó en instrumentos financieros como plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
El juez Lijo también pidió a la Sindicatura de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que informen si realizaron auditorías, observaciones o actuaciones sobre el fideicomiso creado por el decreto 976/01 y la cuenta especial SISVIAL desde 2024 hasta la fecha.
Las medidas ordenadas buscan reunir información sobre expedientes, partidas presupuestarias y colocaciones financieras con fondos del SISVIAL para avanzar en la investigación.
La provincia de La Rioja sostiene que la falta de ejecución de esos fondos le generó un perjuicio, ya que debió afrontar con recursos propios tareas que corresponden a la jurisdicción nacional.
En otro expediente, Tolosa Paz obtuvo que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, habilitara un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar obras y mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires con fondos del fideicomiso del decreto 976/01. El fallo ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.