El Juzgado Federal N°1 de Resistencia procesó a Federico y Sergio Clinis Canal y a Mauro Lugo Heim como presuntos coautores de lavado de activos agravado por habitualidad. María Graciela Canal y Jorge Vargas cumplirán arresto domiciliario, mientras que se ordenó la inmediata libertad de Yamil Gane. El tribunal dispuso solicitar cupos en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal para alojar a los tres primeros.
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia resolvió la situación procesal de siete personas investigadas en la causa vinculada a la familia Clinis y dispuso procesamientos, prisiones preventivas, arrestos domiciliarios y embargos por cifras millonarias.
La resolución fue dictada este viernes en el expediente FRE 2904/2026, caratulado “Clinis Canal, Federico Alejandro y otros s/infracción artículo 303 inciso 1 e infracción artículo 303 inciso 2 A”.
El magistrado ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim. Los tres fueron considerados, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, presuntos coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad. Además, el tribunal dispuso solicitar cupos en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal para alojar a los tres procesados.
La investigación se inició el 29 de diciembre de 2025 a partir de información incorporada en otro expediente y recibida mediante un acuerdo de colaboración homologado judicialmente.
Según surge del fallo, la pesquisa intenta establecer la posible vinculación del grupo familiar Clinis, por intermedio de la concesionaria “Clinis Automotores”, con José Heraldo Romero, alias “Portal”.
La hipótesis judicial sostiene que desde la firma se habría facilitado a Romero o a integrantes de la organización que presuntamente lideraba la adquisición, el recambio y la circulación de vehículos que habrían sido utilizados en sus actividades.
Romero se encuentra procesado junto con otras personas en una causa por delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes, en concurso real con lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
Arrestos domiciliarios
El juzgado mantuvo la prisión preventiva de María Graciela Canal, también procesada como presunta coautora de lavado de activos agravado por habitualidad, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La medida deberá cumplirse en una vivienda ubicada en la zona rural de Puerto Tirol, con prohibición de abandonar el domicilio y salir del país, controles de los organismos correspondientes y vigilancia mediante un dispositivo electrónico.
En el mismo domicilio deberá cumplir arresto domiciliario Jorge César Alberto Vargas, procesado con prisión preventiva como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos.
Libertad para Gane y falta de mérito para Bohacek
La resolución también ordenó instrumentar de manera inmediata la libertad de Yamil Gabriel Gane. Para ello, se dispuso librar comunicaciones a los organismos de detención, la Dirección Nacional de Migraciones y las dependencias encargadas del control y la vigilancia electrónica.
En cuanto a Raquel Edith Bohacek, el juzgado dictó la falta de mérito. Continuará en libertad y sujeta al proceso, deberá mantener actualizado su domicilio, presentarse cada vez que sea convocada y cumplir las medidas judiciales vigentes.
La falta de mérito no implica el cierre definitivo de la causa: la investigación podrá continuar para determinar si existen elementos suficientes para procesarla o sobreseerla.
Embargos por más de $26 mil millones
El fallo ordenó embargar los bienes de Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim hasta cubrir, para cada uno, la suma de $5.820.687.000.
De esta manera, los embargos dispuestos sobre los cuatro acusados alcanzan en conjunto los $23.282.748.000.
Para Jorge César Alberto Vargas se fijó un embargo de $2.910.343.500. Sumadas ambas medidas, los embargos ordenados en la resolución superan los $26.193 millones.
Los procesamientos no constituyen una condena definitiva. La causa continuará su trámite mientras la Justicia profundiza la investigación sobre el supuesto circuito económico, las operaciones realizadas y la presunta utilización de la concesionaria para el movimiento de vehículos y activos.