El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, se refirió al proyecto de ley que se tratará este jueves en el Senado y que propone modificar la Ley de Tierras. El legislador sostuvo que la iniciativa elimina límites a la extranjerización de la tierra y presentó un dictamen de minoría.
El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, publicó en sus redes sociales un mensaje sobre el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que se tratará este jueves en el Senado. En su texto, el legislador afirmó que “la soberanía no se delega y no es una mercancía cualquiera” y que “la propiedad también cumple una función social, ambiental y geopolítica”.
Capitanich sostuvo que “la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras trasciende el debate jurídico. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para decidir quién controla un recurso estratégico y hasta dónde llega la soberanía sobre el territorio nacional”. Agregó que “detrás de la denominación grandilocuente de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se esconde, en realidad, un objetivo mucho más concreto: eliminar los límites a la extranjerización de la tierra que estableció la Ley 26.737”. Según el senador, esto se hace “apelando a un falso federalismo que transfiere la potestad regulatoria a las provincias para que, en los hechos, desaparezcan los límites nacionales”.
El exgobernador chaqueño remarcó que “la tierra rural no es un activo financiero cualquiera” y que “es la base material del desarrollo, de la producción, de las reservas de agua dulce y de los bienes naturales estratégicos”. En ese sentido, consideró que “reducir el debate a una cuestión de seguridad jurídica implica desconocer que la propiedad también cumple una función social, ambiental y geopolítica”.
Antecedentes de la ley vigente
Capitanich recordó que la Ley 26.737 establece “un tope del 15 % de titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y de cada división subprovincial; un sublímite del 30 % por nacionalidad; un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo; la prohibición de compra por personas jurídicas de derecho público extranjeras; y restricciones sobre tierras que contienen o lindan con cuerpos de agua de envergadura y sobre zonas de seguridad de frontera”. El senador señaló que “la ley no confiscó nada a nadie: ordenó, registró y puso límites hacia el futuro, creando el Registro Nacional de Tierras Rurales”.
Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales actualizados a agosto de 2025, “más de 13 millones de hectáreas rurales – alrededor del 5 % de la superficie rural del país – están en manos extranjeras”. Capitanich indicó que “ninguna provincia, como promedio, supera el tope del 15 %”, pero que el promedio “esconde concentraciones” en más de treinta departamentos por encima del límite legal. Mencionó como ejemplos Lácar (Neuquén), con 54 % de tierra rural extranjera, y Molinos y San Carlos (Salta) y General Lamadrid (La Rioja), con porcentajes superiores al 50 %. Los titulares estadounidenses encabezan la nómina con cerca de tres millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles.
Contexto histórico
El senador afirmó que “entre 1876 y 1903, al calor de la ‘Conquista del Desierto’ y de las leyes de premios y remates, unos 41 millones de hectáreas pasaron a manos de un puñado de beneficiarios ligados al Ejército y al poder político”. También mencionó que “el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad de Fronteras a mediados de los noventa facilitó la venta de unos ocho millones de hectáreas en áreas estratégicas”, y citó los casos de Lago Escondido y las estancias del grupo Benetton. Además, señaló que el Decreto 820/2016 “flexibilizó los controles y habilitó triangulaciones societarias” y que el artículo 154 del DNU 70/2023 fue “la anteúltima estocada”.
Dictamen de minoría
Capitanich presentó un dictamen de minoría que propone “preservar y perfeccionar la Ley 26.737, prohibir la compra de tierras por Estados y empresas estatales extranjeras, e incorporar – artículo 32 de nuestro proyecto – la prohibición expresa de titularidad extranjera sobre riberas de grandes cuerpos de agua, nacientes de ríos, acuíferos, reservas de agua dulce, zonas glaciares y periglaciares, áreas con recursos naturales estratégicos y zonas ambientales protegidas”.
El legislador mencionó que la Pastoral Social, ENDEPA y Cáritas Argentina advirtieron que la reforma “abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas”. Cerró su mensaje con la frase: “La tierra no es una mercancía cualquiera. Es la base material del desarrollo, de la producción y del ejercicio efectivo de la soberanía. Un Estado que renuncia a regular quién es dueño de su territorio renuncia, sencillamente, a ser Estado”.