La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar que garantizaba la continuidad del salario social complementario. En Chaco, 45.000 titulares dejarán de percibir el beneficio, lo que representa más de 3.000 millones de pesos mensuales que dejarán de circular en la economía provincial.
La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, informó en diálogo con CIUDAD TV que 45.000 familias chaqueñas perderán el programa «Volver al Trabajo» a partir de agosto. La medida responde a un fallo de la Cámara Federal de San Martín, que dejó sin efecto la cautelar obtenida en abril y que permitía el cobro del salario social complementario.
Duarte señaló que en todo el país son 930.000 los trabajadores de la economía popular afectados. En Chaco, la cifra asciende a 45.000 personas, lo que implica una pérdida mensual de más de 3.000 millones de pesos en la provincia. «Esa plata la gasta el trabajador en su circuito económico: compran en el almacén del barrio, compran en la verdulería del barrio», explicó la dirigente.
El salario social complementario estaba congelado en 78.000 pesos desde diciembre de 2023 y fue desenganchado del salario mínimo vital y móvil. Duarte indicó que «antes, cuando aumentaba el mínimo vital y móvil, aumentaba el salario social». La quita del programa, según la dirigente, afecta directamente la posibilidad de acceder a derechos básicos como la alimentación.
Duarte advirtió que el retiro del Estado en los barrios puede ser ocupado por circuitos de préstamos informales. «Vos tomás un préstamo en la informalidad y lo tenés que devolver en 30 días con el 80% de interés. Si no lo devolvés, esas personas te caen en tu casa y eso se traduce en situaciones de mucha violencia», afirmó.
Consultada sobre la respuesta del Gobierno nacional, Duarte sostuvo que «no solamente no habla con nosotros, no habla con ningún sector». Cuestionó además el esquema de formalización laboral propuesto como reemplazo: de las 900.000 personas afectadas, solo 1.500 se inscribieron en las capacitaciones ofrecidas, la mayoría en la Ciudad de Buenos Aires.
Las organizaciones sociales presentaron una apelación ante la Corte Suprema. Además, convocaron a una movilización nacional para el 7 de agosto, junto a la CGT y las dos CTA, en reclamo por la continuidad del programa y en conmemoración de la primera gran marcha de los movimientos populares hace diez años.