Dos abogados presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario, tras su participación en un acto político en Brasil durante un viaje oficial.
Dos abogados, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei. La presentación judicial señala un presunto uso de recursos públicos para fines partidarios durante un viaje oficial a Brasil.
Según la denuncia, Milei habría utilizado “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para asistir a un acto opositor en San Pablo, en apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro. Los denunciantes consideran que esto implicó un desvío de fondos públicos de su finalidad específica.
La presentación se centra en las declaraciones que el presidente realizó durante el acto. Los abogados indicaron que Milei calificó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como “presidiario”, y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como “basura calva”.
Los denunciantes sostienen que esas expresiones fueron pronunciadas “en un acto político opositor” y constituyen una intervención en asuntos internos de Brasil. Afirmaron que Milei “se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino, además de agredir verbalmente al oficialismo brasileño y a un importante magistrado del Poder Judicial”.
Para los abogados, esa conducta “desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados por la ley de presupuesto para la representación exterior de la República Argentina”. Agregaron que “los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales”.
La denuncia invoca el principio de no injerencia en el derecho internacional, citando la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU. Desde esa perspectiva, los hechos podrían encuadrarse en el delito de malversación de caudales públicos (artículo 260 del Código Penal) y en el de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal).
Como medidas de prueba, los denunciantes solicitaron a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar toda la información vinculada al viaje presidencial, incluyendo gastos, viáticos, integrantes de la comitiva y órdenes de vuelo del avión presidencial. También pidieron que, una vez reunida la prueba, Milei sea citado a declaración indagatoria.
La denuncia fue presentada ante la justicia y se encuentra en proceso de evaluación.