El proyecto elimina restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros, aunque mantiene prohibiciones para estados extranjeros y zonas de frontera.
El proyecto de ley de propiedad privada impulsado por La Libertad Avanza será debatido este jueves 16 de julio en el Senado, en la última sesión antes del receso invernal. Según informó Infobae, la iniciativa enfrenta resistencias de último momento entre legisladores cercanos al oficialismo, quienes dudan por el régimen de silencio administrativo incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.
El artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549) establece que “el silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo”. Asimismo, señala que “si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.
En la versión número 13 del dictamen, a la que accedió Infobae, se expresa que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”. Además, se indica que “las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.
El texto añade que “la autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley”.
Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, será la encargada de convencer a los legisladores dialoguistas que aún dudan en apoyar el proyecto.
El proyecto de propiedad privada elimina todas las restricciones para que empresarios extranjeros adquieran tierras rurales, aunque mantiene límites para países extranjeros y zonas de frontera. En la versión 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una compañía privada con capital de un país extranjero pueda comprar tierras, y se exige para zonas fronterizas el aval del Congreso Nacional, las provincias y el Gobierno.
Se quitó el capítulo sobre modificaciones en la ley de barrios populares y se cambiaron los capítulos sobre expropiaciones, extranjerización de tierras, manejo del fuego y desalojos. Se estableció que se aplicará un desalojo exprés únicamente cuando se trate de inmuebles usurpados; en el resto de los casos se mantienen los plazos de intimación actuales. Se determinó un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler, con notificación fehaciente al domicilio denunciado. Frente al incumplimiento, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, que debe sustanciarse por el procedimiento más rápido previsto por la ley, en un plazo de 10 días hábiles.
Sobre la ley de manejo del fuego, se mantiene la prohibición de cambiar el uso de bosques nativos incendiados por seis décadas, tal como establecía la norma de 2020, pero se permite dar otro destino a las tierras rurales.