martes, 23 junio, 2026

Jueza de Rosario declaró nulo un allanamiento sin orden judicial en el marco de la nueva normativa de flagrancia

Una jueza de Menores de Rosario invalidó un allanamiento policial realizado sin orden judicial, al considerar que no existió flagrancia porque transcurrieron doce horas entre el hecho investigado y el ingreso al domicilio. La decisión se enmarca en la aplicación de una ley provincial reciente que amplía los criterios de flagrancia.

La jueza de Menores de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, declaró nulo e inválido un allanamiento realizado por la Policía de Santa Fe sin orden judicial. El procedimiento se efectuó en base a una disposición legislativa sancionada recientemente, promovida por el gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro.

Según información judicial, el allanamiento se realizó en el domicilio de un menor de edad acusado de participar en una balacera. La defensa del imputado cuestionó que se invocara flagrancia, debido a que entre el hecho delictivo y el ingreso policial transcurrieron doce horas.

La magistrada no cuestionó la investigación fiscal ni la imputación formulada, pero sí rechazó el argumento de urgencia esgrimido por la Policía. En su fallo, ordenó además que se retire del portal oficial de la provincia de Santa Fe una imagen que mostraba el momento de la detención del menor.

La normativa en discusión es una modificación a la ley de flagrancia, aprobada por la Legislatura provincial a pedido del Ejecutivo. Dicha modificación amplía el concepto de flagrancia, considerando como tal cuando el infractor “fuera perseguido o aparezca en un registro audiovisual inmediatamente después de su comisión”. La fiscalía defendió el allanamiento como lícito basándose en esta nueva definición y en el sistema de videovigilancia Lince, que permite rastrear trayectorias de sospechosos.

La jueza Aguirre Guarrochena sostuvo que no existió urgencia al haber transcurrido doce horas, por lo que correspondía solicitar una orden judicial para el allanamiento. La decisión se da en un contexto de debate sobre los alcances de la nueva normativa y el rol de los jueces en el control de los procedimientos policiales.

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