El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos, al considerar que un contrato de asesoramiento con una firma guatemalteca carece de sustento real.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert, de su contador Mariano Cosentino y de la firma Varianza SA, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Según informó este domingo el periodista Hernán Cappiello en el diario La Nación, el dictamen fiscal concluye que el contrato presentado por Espert para justificar el origen de 200.000 dólares recibidos desde el exterior era apócrifo.
De acuerdo con la acusación, el dinero provenía de una estructura vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por su participación en una organización criminal transnacional. La fiscalía sostiene que esos fondos ingresaron al circuito formal mediante operaciones financieras que incluyeron la compra de vehículos de alta gama y la inversión en un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El expediente indica que el 22 de enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares en una cuenta en Estados Unidos, movimiento que no fue declarado ante las autoridades fiscales argentinas. Para justificarlo, Espert presentó un contrato firmado en 2019 con la empresa Minas del Pueblo SA, radicada en Guatemala, por el cual supuestamente prestaría servicios de asesoramiento a cambio de un millón de dólares.
El fiscal Domínguez concluyó que ese acuerdo carecía de sustento real. Entre los argumentos, señaló que Espert no habría viajado al país centroamericano, que la empresa no registraba actividad concreta al momento de la firma y que no existen evidencias de trabajos realizados ni documentación técnica compatible con el servicio. También se consignó que Machado estaba en Buenos Aires cuando el contrato indicaba haber sido firmado en Guatemala.
La investigación de La Nación reconstruye el recorrido del dinero. A las pocas semanas de la transferencia, parte de los fondos fue girada a una cuenta local y utilizada para adquirir un BMW, que años más tarde fue vendido. Con esos recursos y nuevos aportes, Espert compró un Lexus valuado en cerca de 130.000 dólares. Paralelamente, se detectó la suscripción de un fideicomiso inmobiliario en la costa bonaerense, a nombre de su entorno familiar.
El dictamen encuadra estas operaciones dentro de las tres etapas típicas del lavado de activos: colocación del dinero en una cuenta bancaria, movimiento entre distintas cuentas para dificultar su rastreo e integración en bienes que le otorgan apariencia lícita.
Uno de los elementos mencionados en la causa son los audios y mensajes de WhatsApp secuestrados a los contadores vinculados al exdiputado. Esas conversaciones reflejarían discusiones internas sobre cómo encuadrar el dinero recibido y qué estrategia adoptar frente a la falta de declaración de los fondos. En ese intercambio se analizan alternativas que iban desde justificar el contrato hasta omitir la operación en las presentaciones fiscales.
Según el fiscal, esos registros permiten inferir que desde un primer momento existió un plan para canalizar el dinero a través de estructuras societarias y darle apariencia legal. En esa línea, se menciona el rol de la empresa Varianza SA como posible vehículo para ese fin.
La causa también advierte que no se descarta la existencia de otros pagos adicionales, dado que el contrato cuestionado preveía una remuneración total de un millón de dólares. Los investigadores sostienen que podría haber movimientos no identificados hasta el momento.
El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre la operatoria de Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos tras una decisión confirmada por la Corte Suprema argentina en 2025. Allí admitió su participación en maniobras de fraude y lavado, en el marco de una red que incluía también operaciones vinculadas al negocio aeronáutico.