Análisis del CONICET confirmaron la presencia de glifosato, atrazina y otros compuestos en efluentes de la planta de San Nicolás durante su proceso de desmantelamiento.
La planta de Atanor en San Nicolás, Buenos Aires, se encuentra en proceso de desmantelamiento tras una explosión ocurrida en marzo de 2024. En ese contexto, análisis realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-CONICET/UNLP) sobre muestras tomadas por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires detectaron residuos de agroquímicos en descargas pluviales que desembocan en el Río Paraná.
Las muestras fueron recolectadas entre febrero y abril de este año en vuelcos desde el sistema pluvial de la planta hacia el río. Entre los compuestos detectados se encuentran glifosato, AMPA (principal producto de degradación del glifosato), atrazina y distintos metabolitos asociados a este herbicida. Una de las muestras registró concentraciones elevadas de Atrazina-Hidroxi.
Greenpeace y el Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) solicitaron que el desmantelamiento se realice bajo controles estrictos, monitoreos permanentes y transparencia hacia la comunidad. Fabián Maggi, abogado de los vecinos afectados y de FOMEA, afirmó: “Los análisis incorporados al expediente confirman un nuevo y gravísimo episodio de contaminación asociado a Atanor. Los propios organismos de control reconocen que estos compuestos provienen del conducto pluvial de la empresa, aunque luego esos mismos funcionarios intentan minimizar la gravedad de los resultados”.
Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace Argentina, sostuvo: “La contaminación no terminó cuando Atanor dejó de producir. Lejos de demostrar que el problema quedó atrás, los resultados refuerzan las advertencias realizadas por organizaciones ambientales y vecinos sobre los riesgos de movilizar contaminación acumulada durante años dentro del predio industrial”.
El hallazgo ocurre mientras la justicia avanza en la causa vinculada a la contaminación histórica de Atanor. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó la toma de declaración indagatoria a seis directivos de la empresa, cinco funcionarios del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua, por su presunta responsabilidad en hechos de contaminación del Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire de la zona. La causa se inició hace más de una década a partir de denuncias de vecinos de San Nicolás.