El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 14 años de prisión para Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, acusado de organizar y financiar tráfico de estupefacientes en Entre Ríos, en un juicio que también involucra a otros ocho imputados.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó hoy que se condene a 14 años de prisión al productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, acusado de haber organizado y financiado maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, provincia de Entre Ríos. El requerimiento fue presentado por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, compuesto por las juezas Noemí Marta Berros (presidenta), Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
Según la imputación, las operaciones se desarrollaban desde campos del imputado, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas con cocaína y el despacho de lanchas para su distribución. Los fiscales señalaron como agravantes la cantidad, variedad y calidad de estupefacientes involucrados, la utilización de aeronaves para el tráfico transnacional, los medios violentos desplegados por Airaldi para sostener la organización y su posibilidad de obtener ingresos por vías lícitas mediante su actividad agropecuaria. Asimismo, solicitaron el decomiso de su estancia “El Mirador”, por considerarla utilizada como instrumento para la comisión del delito, debido a su extensión, ubicación estratégica sobre la costa del río y dificultades de acceso.
Airaldi presenció el alegato fiscal de forma remota desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde febrero de 2026 bajo el régimen de alto riesgo, por ser investigado en otra causa por su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Entre las maniobras atribuidas a Airaldi se encuentra una investigación iniciada en la justicia federal de Santa Fe, acumulada a la causa principal, en la que en 2022 se secuestraron 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, Santa Fe.
Durante su alegato, Candioti sostuvo que “la responsabilidad de Airaldi quedó acreditada con la prueba incorporada al debate” y afirmó que “se ha probado fehacientemente y sin lugar a dudas que Leonardo Airaldi dirigía una organización dedicada al comercio de estupefacientes”. Explicó que la investigación se inició en 2019 a partir de denuncias de vecinos que vinculaban a Airaldi con narcotráfico en un campo, y que esa información fue corroborada con registros de drones y fotografías que documentaron movimientos de aeronaves. Candioti también mencionó una presunta “cobertura policial” con la que contaba el acusado, según informes de la Policía de Entre Ríos y la Policía Federal.
Uriona, por su parte, indicó que la prueba acreditó que Airaldi impartía directivas, ejercía control territorial y recurría a mecanismos violentos. Destacó su intervención en el almacenamiento de los 29,5 kilogramos de cocaína hallados en Puerto Gaboto como muestra de la estructura criminal. Los fiscales también valoraron las intervenciones telefónicas y mensajes recuperados, que revelaban un lenguaje codificado con términos como “maples”, “novillitos” y “lomos” para referirse a las operaciones de narcotráfico, en el contexto de la actividad agropecuaria de los acusados.
El MPF solicitó condenas para otros ocho imputados: Juan Andrés Erbes (7 años), Sebastián Agustín Armocida (6 años y 4 meses), Roberto Fabián Coronel (6 años), Joel Schonfeld (4 años y 6 meses), María Soledad Touzet (3 años y 3 meses), Walter Olivero (3 años y 2 meses), y Cristian Sánchez y Marino Martínez (3 años de ejecución condicional). Cuatro acusados no llegaron al juicio oral por haber celebrado acuerdos de juicio abreviado, y una persona accedió a una suspensión del proceso a prueba. El debate comenzó el 3 de marzo y, en trece audiencias, declararon más de cincuenta testigos, entre ellos integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.
Las audiencias continuarán los días 1, 30 y 31 de julio con los alegatos de las defensas. El Tribunal Oral Federal de Paraná tiene previsto dar a conocer el veredicto el 13 de agosto.