La Justicia federal elevó a juicio a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de entorpecer un allanamiento ordenado contra Jonathan Kovalivker, vinculado a la causa Andis.
La Justicia federal elevó a juicio una de las ramas derivadas de la causa conocida como Andis, que investiga al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Se trata de la investigación contra Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, a quien se le imputan los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento.
Según consta en el expediente, De Vincentis habría realizado maniobras que permitieron a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, eludir una orden de presentación judicial. El hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello dispuso un allanamiento en el barrio La Isla de Nordelta para recabar información sobre los Kovalivker.
Al llegar al lugar, un efectivo policial se presentó en una garita de seguridad y explicó los motivos de la presencia. En ese momento, un empleado de seguridad comenzó a recibir llamados insistentes de su jefe, Ariel De Vincentis. El comisario a cargo del procedimiento atendió el teléfono y le comunicó a De Vincentis la orden judicial, pero este intentó obtener más información. Ante la negativa, el efectivo cortó la comunicación. Los llamados continuaron hacia otro empleado, a quien debieron quitarle el teléfono para interrumpir la comunicación.
La investigación incorporó mensajes de WhatsApp atribuidos a De Vincentis, en los que instruía a sus empleados a no facilitar el trabajo policial. “Sea la fuerza de seguridad que fuere, ningún personal que no corresponda al área legal está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos”, escribió. “Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”, agregó. En otro mensaje, señaló: “Si tienen que realizar un allanamiento con la orden respectiva que lo hagan y con sus propios técnicos (…) Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno. Si la Fiscalía o la policía no sabe trabajar o no nos contacta previamente para coordinarnos (…) y creen estar en Fuerte Apache, se confunden”.
Además, se registró un llamado al 911 desde una línea a nombre de “Asociación Vecinal Nordelta”, que alertó sobre la presencia de supuestos “falsos policías”. Efectivos de la Policía bonaerense llegaron hasta la garita de seguridad y, tras constatar la legalidad del procedimiento, se retiraron. Esa maniobra también fue vinculada a De Vincentis.
Mientras ocurrían estos hechos, Jonathan Kovalivker logró retirarse del barrio privado en su vehículo Audi S3, evitando así el procedimiento judicial.
La elevación a juicio fue decidida por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien interviene en la causa desde que Casanello se declaró incompetente por razones de jurisdicción. El caso quedó bajo la órbita de la Cámara Federal de San Martín, que en febrero ratificó el procesamiento de De Vincentis tras la apelación de la defensa, a cargo del abogado Guillermo Soares Gache.
La defensa de De Vincentis sostuvo que el imputado se limitó a cumplir con su deber y que su actuación no generó demoras al procedimiento. También rechazó la existencia de pruebas que indiquen que avisó a Kovalivker de la presencia policial o que realizó actos para demorar el procedimiento. Respecto a las sospechas de que De Vincentis estaba de licencia al momento del hecho, la defensa argumentó que no era la primera vez que trabajaba durante sus vacaciones debido a la responsabilidad de su función, y aportó copias de correos electrónicos enviados en otras oportunidades mientras estaba de licencia.
Jonathan Kovalivker, junto a su hermano Emmanuel y su padre Eduardo, están imputados en la causa principal que lleva el fiscal Franco Picardi, pero no figuran entre los empresarios procesados hasta el momento.