El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes de universidades nacionales y gremios firmaron un acta que establece un incremento salarial del 24,33% y partidas adicionales para funcionamiento, becas y hospitales.
Este mediodía, en el Palacio Sarmiento, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes gremiales, firmaron un acta que formaliza ajustes salariales y presupuestarios para las universidades nacionales. El acuerdo contempla un aumento salarial del 24,33%, compuesto por un 21,33% para junio y un 3% adicional en octubre. Este incremento impactará en el aguinaldo, que se cobraría junto al sueldo de junio a comienzos del próximo mes.
El acuerdo establece que la deuda restante, equivalente a otro 25%, se negociará en paritarias con los gremios en los meses siguientes. Según fuentes universitarias, el aumento incluye lo perdido en 2025-2026 y el 7% de lo perdido en 2024. “Lo faltante del 2024 se tratará en Paritarias”, declaró el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, tras la reunión.
El acta también fija que, inmediatamente después de su firma, se reunirá la Paritaria Nacional para refrendarla. A partir del aumento de octubre, la Paritaria Nacional se reunirá cada tres meses. Se modificó la Garantía Salarial Docente para que el aumento tenga mayor impacto en algunos escalafones. La Garantía Salarial Nodocente se arreglará en paritaria con el gremio.
El Ministerio de Economía autorizó una partida de $800.000 millones. Además, se acordó un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento para el presupuesto 2026 de las universidades, un incremento del 50% en las Becas Belgrano para estudiantes y un aporte adicional de 50 mil millones de pesos a los Hospitales Universitarios. Según el documento, a los hospitales se les adeudan 80 mil millones en lo que va del año.
El acuerdo se produce luego de más de dos años de conflicto y de que el Gobierno intentara derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026. Las universidades no retirarán la demanda presentada ante la Corte Suprema. Las cuestiones salariales seguirán siendo negociadas por los gremios, no por el CIN como pretendía el Gobierno.