Con el 94,102% de las actas contabilizadas, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aventaja por 11.028 votos a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El resultado final podría demorar hasta 30 días, según el Jurado Nacional de Elecciones.
Con el 94,102% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez le saca una ventaja de 11.028 votos a Keiko Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú está por delante de su contendora de Fuerza Popular, de acuerdo al avance de conteo oficial de la ONPE. De esta manera, el país sudamericano entra en el segundo día de recuento de balotaje.
Hasta aproximadamente el mediodía, la lideresa del fujimorismo iba adelante en el conteo; sin embargo, mientras llegaban los votos de las zonas más alejadas, el candidato de JP fue poco a poco acortando esta distancia. Hasta el momento quedan pendientes más de 4.000 actas para contabilizar y hay 1.516 observadas.
La incertidumbre política se trasladó a los mercados. La bolsa de Lima cayó 1,53% en el inicio de las operaciones y las empresas peruanas que cotizan en Estados Unidos operaban a la baja. El sol peruano se derrumbó un 1,70%, a 3,497/3,504.
El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que el resultado final podría demorar hasta 30 días y llamó a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con responsabilidad democrática. El antecedente inmediato refuerza esa cautela, ya que el cómputo definitivo de la primera vuelta del 12 de abril se conoció más de un mes después de los comicios.
Más allá de quién termine imponiéndose, el próximo presidente heredará un país de contrastes: una macroeconomía relativamente estable, con un crecimiento del PBI estimado en 3,4%, y una estructura social profundamente desigual, donde siete de cada diez trabajadores se desempeñan en la informalidad y la inseguridad es la principal preocupación ciudadana.
Según un análisis de la calificadora Fitch Ratings, la fragmentación del Congreso bicameral – donde ningún partido tendrá mayoría – y los persistentes problemas de gobernabilidad limitarán la capacidad de cualquier administración para impulsar reformas de fondo.