El máximo tribunal desestimó los planteos del Poder Ejecutivo contra jueces que intervienen en el amparo por la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó su intervención en el caso.
La Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones presentadas por el Gobierno nacional contra los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades públicas. La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El conflicto judicial se originó luego de que el presidente Javier Milei firmara el decreto 759/2025, mediante el cual estableció que no aplicaría la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente hasta que se definieran las fuentes específicas de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo colectivo contra ese decreto y obtuvo una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo pagar lo adeudado a universidades y docentes.
La cautelar fue dictada por el juez Martín Cormick, quien también declaró nulo el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La decisión de Cormick fue confirmada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, integrada por Sergio Fernández y Alberto Morán.
El Gobierno recusó a Cormick por ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José C. Paz, y a Fernández por ser docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También planteó que los jueces de la Corte debían excusarse por ejercer la docencia universitaria.
En su resolución, la Corte recordó que las recusaciones tienen carácter restrictivo, ya que implican apartar una causa de su juez natural. Señaló que el hecho de que un juez sea docente universitario o perciba un salario por esa tarea no constituye un interés personal en la resolución del pleito. Por esa razón, rechazaron las recusaciones y ratificaron la intervención de Cormick y de los jueces de la Cámara. Asimismo, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron apartarse del expediente.
El 1 de junio se incorporó al expediente una carta de Amnistía Internacional Argentina, firmada por más de 4700 personalidades y organizaciones de la sociedad civil, en la que se solicita a la Corte no demorar el tratamiento del financiamiento universitario. Entre los firmantes se encuentran jueces, juristas y académicos como Alejandro Slokar, Daniel Rafecas, Andrés Gil Domínguez, Francisco Verbic, Gabriel Ignacio Anitua, Gustavo Arballo, Horacio Corti, Laura Clérico, Luis Niño, Manuel Garrido, Marcelo Raffin, Diana Maffia, Dora Barrancos, Marisa Herrera, Pedro Caminos, Roberto Gargarella y Valeria Thus.
En paralelo, la comunidad educativa del colegio Carlos Pellegrini impulsa un petitorio para ser presentado ante la Corte.