El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para regular la gestión de intereses. En paralelo, se documentan conexiones entre despachos oficiales, bufetes de abogados y empresarios que participan en licitaciones y reformas legales.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley denominado “Transparencia y Publicidad en la Gestión de Intereses”, con el objetivo de establecer un registro obligatorio para personas humanas y jurídicas que realicen gestiones ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. La iniciativa fue presentada esta semana y se inscribe en la línea de políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.
El artículo segundo del proyecto define como actividad de lobby “toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento, preparación o incidencia, desarrollada por personas humanas o jurídicas, por sí o en representación de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita, mediante cualquier modalidad, que tenga por finalidad influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de una decisión pública”.
Actualmente, el decreto 1172/2003 obliga a funcionarios de mayor jerarquía a registrar sus audiencias. Sin embargo, según consta en registros públicos, durante los primeros meses de la gestión Milei no se cumplió con esa norma: el presidente vivió en un hotel sin dejar constancia de visitas, y los asesores Santiago y Francisco Caputo, al carecer de nombramientos formales, no registran encuentros.
En paralelo, se identificaron vínculos entre estudios jurídicos y la administración pública. El estudio Bruchou & Funes de Rioja, liderado por Daniel Funes de Rioja, redactó el apartado de reforma laboral incluido en la Ley Bases, según se desprende de documentos oficiales que contenían el nombre del socio Ángel Kusa en el archivo. El estudio Marval O’Farrell Mairal representó a empresas concesionarias durante la renegociación de contratos de peaje en la gestión de Mauricio Macri, y el estudio Cassagne asesora a grupos empresarios como Neuss y a la empresa Jan de Nul, vinculada a la Hidrovía.
María Ibarzábal Murphy, exsocia del estudio Cassagne, fue designada en abril de 2024 como titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, creada una semana antes. Trabaja en el primer piso de la Casa Rosada, junto al despacho de Santiago Caputo. Ibarzábal fue abogada senior en Cassagne y previamente trabajó en Marval O’Farrell Mairal y en Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer.
En el ámbito judicial, la Procuración del Tesoro emitió un comunicado el mes pasado informando que pasaría a depender de la Secretaría Legal y Técnica, pero once minutos después rectificó la información y aclaró que mantiene su condición actual. El episodio fue reportado por la periodista Marina Celichini en el diario La Nación.
Respecto de los bienes de Santiago Caputo, fuentes calificadas indicaron que el asesor presidencial tendría una propiedad en el complejo Continuum South, en Miami, donde también adquirieron inmuebles el empresario Mariano Pastor y el titular de la SIDE, Cristian Auguadra. Caputo no está obligado a presentar declaración jurada por no ser funcionario formal.
En otro orden, la familia Kovalivker, propietaria de la Droguería Suizo Argentina, está bajo investigación judicial por administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La fiscalía abrió en febrero el servidor de la droguería, que habría recibido compras por 55.000 millones de pesos en un año. Entre las pruebas figuran chats con referencias a “el helvético” y allanamientos en Nordelta donde se incautaron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo. Eduardo Kovalivker, de 86 años, alquiló un yate en el Mediterráneo para alejarse del escándalo.
Según testigos, el empresario Andrés Mego, editor de los libros de Eduardo Kovalivker, intermedió en el alquiler del Movistar Arena para un evento musical del presidente Milei en octubre pasado, por un valor de 70.000 dólares. El acuerdo preveía que Kovalivker presentara su libro en el escenario, pero la denuncia judicial por el caso ANDIS impidió que ocurriera.