La justicia federal de Córdoba otorgó 72 horas al Ministerio de Salud para pagar los pasivos acumulados con prestadores del programa Incluir Salud. El fallo responde a un amparo presentado por familias y organizaciones del sector.
Este viernes vence el plazo que el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, impuso al Gobierno para regularizar las deudas con los prestadores del sistema de discapacidad en esa provincia. El fallo se originó tras un pedido de amparo presentado por familias y organizaciones del colectivo, que denuncian que el programa Incluir Salud no les paga desde diciembre de 2023.
Según informaron fuentes judiciales, el juez consideró que las excusas administrativas del Ministerio de Salud ya no son válidas y ordenó el pago. Desde el Gobierno, señalaron que la deuda se debe a un problema administrativo derivado de la disolución de la Andis y a demoras burocráticas. Las organizaciones del sector reclaman el cumplimiento de la Ley de Emergencia, que establece una compensación por la deuda acumulada desde fines de 2023, que estiman en un 40 por ciento.
El juez Vaca Narvaja declaró: “El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa, y que desde diciembre no se abonaban estas prestaciones. Si no hay problemas de dinero, ni problemas administrativos ninguno, simplemente se trata de un atraso, bueno, esperamos que puedan cumplir con esta ley”.
Paralelamente, el Gobierno actualizó este jueves el nomenclador de prestaciones en un 2,6 por ciento, en línea con la inflación de abril. Las organizaciones consideran esta medida un avance parcial, pero sostienen que la deuda previa sigue sin compensarse. Pablo Molero, titular del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó: “La actualización del 2,6 es una buena noticia. El problema es que si no compensan lo que perdimos por los dos primeros años de motosierra es casi lo mismo que nada, porque ahí está realmente el ajuste al sector. Ese reclamo sigue firme y es la parte central de la Ley de Emergencia que no están cumpliendo. Y a eso se le suma las deudas directamente por que no te pagan. Facturás y no depositan. Es angustiante. Eso está llevando a muchos a la quiebra”.
Consultado por este medio, el Ministerio de Salud no respondió si cumplirá con el fallo. Antecedentes similares, como el de la justicia de Campana en enero de 2024, muestran que el Gobierno ejecutó fondos solo tras apercibimiento de sanciones económicas a funcionarios.