En una presentación judicial, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) utilizó los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, la muerte del fiscal Alberto Nisman y el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como argumentos para sostener el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que modifica la ley de inteligencia.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) presentó en las últimas semanas sus argumentos para pedirle a la Justicia que rechace un pedido que busca suspender las modificaciones de la ley de inteligencia. Se trata del DNU 941/2025, objetado ante el Fuero Contencioso Administrativo, entre otras cosas, por habilitar detenciones sin orden judicial. En ese marco, los representantes legales del organismo invocaron el atentado que sufrió la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como uno de los argumentos para que se sostenga la normativa.
La presentación de la SIDE, a la que accedió el diario Tiempo Argentino, se realizó en el marco de un expediente iniciado por la diputada nacional Mónica Frade junto a sus pares Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro. Tiene la firma de los abogados Nicolás Vinuesa y Sofía Ansalone.
Tras la publicación del DNU 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros el 31 de diciembre de 2025, los legisladores pidieron que se dicte una medida cautelar que suspenda la vigencia y los efectos de la normativa, además de todo acto dictado en su cumplimiento.
La jueza Rita Ailán pidió un informe a la parte demandada, que fue contestado semanas atrás. Allí, la SIDE solicitó que se rechace la pretensión por improcedente y sostuvo, entre otras cuestiones, que “la desidia en la gestión del aparato de inteligencia estatal, el abandono en materia de producción de inteligencia y la falta de efectividad de las capacidades de seguridad del Estado se visibilizó en los distintos eventos terroristas en los cuales nuestro país fue víctima”.
En ese punto, los representantes de la SIDE enumeraron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, e incorporaron “otros eventos de gravedad institucional tales como la muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman y la tentativa de magnicidio a la ex presidente de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner”.
La mención de estos episodios fue utilizada para defender la normativa y diferenciarla de reformas anteriores que, desde la óptica oficial, “implicaron un notorio retroceso institucional” para la inteligencia estatal.
En una defensa más general, los representantes del organismo de inteligencia defendieron el proceso de reforma encarado por la gestión del presidente Javier Milei, con el asesor Santiago Caputo a la cabeza. Plantearon la necesidad de “transparentar sus actividades y contar con sistemas de control efectivos”.
La SIDE es uno de los pocos organismos cuyo control retiene Santiago Caputo. Recientemente, el diputado nacional Sebastián Pareja, armador y ladero de la hermana del presidente, Karina Milei, asumió la conducción de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, a cargo del control y supervisión del organismo.
Los diputados que impulsaron la acción judicial señalaron que “estaremos, de habilitarse este DNU, ante un Estado que no vea al ciudadano como titular de derechos, sino como un ‘sospechoso’, cuando así convenga al organismo o así lo decidan las autoridades del momento”.
Tras el informe de rigor, la jueza a cargo del expediente giró días atrás las actuaciones a la fiscalía para que dictamine si corresponde hacer o no lugar a la petición de los legisladores. Se espera para los próximos días un pronunciamiento del fiscal Miguel Ángel Guilligan.