El economista e investigador Javier Curcio advierte sobre la crítica situación salarial y de financiamiento en las universidades nacionales, y propone un acuerdo nacional para mejorar la gestión de recursos.
El economista e investigador Javier Curcio, especialista en políticas fiscales y monitoreo de políticas públicas, planteó la necesidad de un acuerdo nacional sobre el financiamiento universitario y otros debates para administrar mejor los recursos. En diálogo con La Nación, en el marco de la cuarta marcha federal universitaria, Curcio señaló: “Estamos viendo un descreme: muchos profesores, y entre esos los mejores, se van o modifican su dedicación”.
“Los incentivos monetarios son cada vez menores y eso va en contra de la posibilidad de sostener un sistema como el universitario, donde el recurso humano es tan importante como toda la educación”, afirmó el director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP Baires), dependiente de la UBA y el Conicet.
Curcio destacó que “hay toda una preocupación y todo un esfuerzo necesario para mejorar estadísticas que no están puestos en el centro del debate de la política universitaria”. En ese sentido, consideró fundamental avanzar en un acuerdo nacional que aborde la gratuidad, el acceso y la administración eficiente de los recursos.
Consultado sobre la situación actual, el economista la calificó como “crítica”. Explicó que “el atraso salarial es muy fuerte, hay mucho descontento en todo el sistema y los gastos de funcionamiento vienen teniendo también retrasos significativos”. Añadió que el reclamo principal es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
“De cada 2 pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, los directivos, cobran 1 y el otro se lo queda el Ejecutivo al no estar cumpliendo con la ley”, detalló. Según sus estimaciones, la caída salarial acumulada desde noviembre de 2023 es de alrededor del 32-33%, y si no se modifican las partidas, podría llegar al 38% al cierre del año.
En cuanto al presupuesto 2026, Curcio señaló que “el presupuesto aprobado no tiene en cuenta el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”. Mientras la ley de presupuesto dispone $4,8 billones, el cumplimiento de la ley de financiamiento requeriría alrededor de $7 billones, una diferencia de entre $2,4 y $2,5 billones, lo que en términos reales representa un 32-33% menos.
El investigador advirtió sobre el impacto en la calidad educativa: “Estamos viendo un descreme: muchos profesores –y diría que entre esos los mejores– se van de la universidad o modifican su dedicación. Cada vez tienen que hacer más actividades fuera de la universidad para poder completar ingresos”.
Curcio también planteó la necesidad de revisar otros aspectos del sistema, como la administración del acceso, la asignación de plazas restringidas y la movilidad social ascendente. “Hay un desafío de poder organizar mejor cómo se administra el acceso respecto de la necesidad de contar con plazas que son restringidas”, sostuvo.
Respecto al diálogo con el Gobierno, afirmó: “De nuestra parte no, entiendo que en algunas instancias hay, el CIN, el Consejo de Rectores. Espero que la marcha sea una señal constructiva de la sociedad y del sistema universitario a favor de este diálogo”.
Finalmente, el economista subrayó la importancia de mejorar las estadísticas universitarias y advirtió que “el ajuste a la educación en general es mayor al 50% en el período 2024-2026. Hoy se invierte menos de la mitad de lo que se invertía hace dos años en el sistema educativo”.