Jueces y fiscales de todo el país recibieron una nota que denuncia la crítica situación presupuestaria del organismo clave en la búsqueda de hijos de desaparecidos.
Distintos jueces y fiscales recibieron una nota que encendió las alarmas en el ámbito judicial. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo creado por impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo para localizar a los bebés robados durante la última dictadura, no podrá seguir tomando muestras biológicas debido al recorte presupuestario dispuesto por el gobierno nacional. De continuar esta situación, la búsqueda de quienes fueron apropiados corre grave riesgo.
“No podremos llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias”, comienza la nota que la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, envió a distintos tribunales y juzgados federales donde tramitan causas de lesa humanidad.
Las autoridades del BNDG explicaron que el organismo enfrenta una situación crítica de operatividad que compromete la continuidad de servicios esenciales como limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio. Si esos servicios se interrumpen, el BNDG tendrá serias dificultades para seguir funcionando, poniendo en riesgo la cadena de custodia y la preservación de toda la documentación y muestras biológicas que almacena, como sangre, hisopados bucales y restos cadavéricos.
Desde el BNDG advirtieron al Poder Judicial que estarán imposibilitados de cumplir en tiempo y forma con los pedidos de análisis vigentes, lo que podría derivar en la suspensión o demora en la producción de pericias genéticas. También alertaron sobre una posible alteración de las condiciones técnicas indispensables para la validez de los procesos periciales.
La falta de presupuesto también afecta los viáticos para que los expertos viajen a tomar muestras a distintos puntos del país, incluyendo exhumaciones de cuerpos. La nota habría llegado también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque no se obtuvo confirmación oficial.
La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), a cargo del fiscal Pablo Parenti, ya realizó presentaciones en los tribunales. También se sumó la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata, que expresó su preocupación por la posible paralización de la labor del BNDG.
El BNDG fue creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, tras una reunión con las Abuelas de Plaza de Mayo. En 2009, el Congreso le otorgó autonomía y autarquía para evitar vaivenes políticos, pero en mayo de 2024 un decreto del Poder Ejecutivo lo transformó en un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perdiendo así su autonomía. Aunque el decreto fue rechazado por el Congreso, el gobierno no restituyó la estructura administrativa del BNDG.
En el Ministerio de Justicia reconocieron estar al tanto de la situación y afirmaron que intentarían gestionar ante el Ministerio de Economía una solución al ahogo presupuestario. Sin embargo, en organismos oficiales explican que el presupuesto aprobado para 2025 representa apenas la mitad de lo que el BNDG necesita para funcionar correctamente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya expresó su preocupación por el impacto del ajuste en la búsqueda de los nietos y nietas. Además, el gobierno nacional también rechazó enviar documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y desmanteló la Unidad Especial de Investigación que funcionaba dentro de ella.
Andrés La Blunda, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y nieto restituido, advirtió: “El ajuste no está recortando gastos superfluos: está afectando instituciones fundamentales de la democracia argentina”. La exlegisladora Victoria Montenegro, también nieta restituida, calificó la situación como “una catástrofe” que podría tener consecuencias muy graves para continuar la búsqueda de quienes fueron víctimas de apropiación ilegal.