Un matrimonio y su hijo fueron sentenciados a diez años de prisión por captar, trasladar y explotar a una adolescente de 13 años en un contexto de violencia y vulnerabilidad, en un caso que involucró a comunidades de San Juan, Santa Fe y Salta.
Un matrimonio y su hijo de 24 años, integrantes de la comunidad gitana, fueron condenados a diez años de prisión por haber captado, trasladado y explotado a una adolescente entre sus 13 y sus 16 años. Además, la forzaron a mantener una relación con el joven como si estuvieran casados. El caso comenzó tras el intento de la joven de escapar de la situación en que se encontraba.
El Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado de forma unipersonal por el juez Daniel Roffo, dispuso una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal (MPF). En el caso intervinieron el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos San Juan, representada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez; el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia; la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano; junto con la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), cuya titular es Fernanda Bergalli y la Dirección General de Recuperación de Activos (DGRADB) a cargo de María del Carmen Chena.
El juez Roffo consideró que Alberto (45) e Isabel Cristo (46) junto con su hijo Franco fueron responsables del delito de trata de personas consumada agravada por tratarse de una menor de edad, respecto de la que concedieron pago, ejercieron violencia en un contexto de vulnerabilidad y fueron sus convivientes. Además, como había requerido el MPF, el magistrado federal ordenó una serie de medidas de reparación no económicas, entre las que estuvo la decisión de comunicar en un lenguaje claro y accesible la sentencia tanto a la comunidad gitana de la provincia de San Juan (donde la mujer condenada cumple prisión domiciliaria) como a la de Santa Fe, donde la chica estuvo sometida y donde reside el grupo familiar de los condenados. También se dispuso que se comunique a la familia de la víctima, quienes actualmente viven en Salta con la joven.
De acuerdo con lo planteado por el MPF, Isabel y Alberto Cristo sometieron a una unión forzada de hecho o matrimonio infantil a la víctima con su hijo Franco, que en ese momento tenía 20 años y ella 13. La situación se dio entre marzo y abril de 2022 en Neuquén. Para la concreción de ese matrimonio entregaron 825 mil pesos a los padres de la adolescente. Por otro lado, la fiscalía le atribuyó a Franco Cristo haber llevado adelante actos sexuales con la víctima, que hasta ese momento no había tenido relaciones, por lo menos tres veces en el marco del rito de matrimonio desarrollado bajo las tradiciones gitanas. Una de esas situaciones derivó en un embarazo que llegó a término.
Tras la celebración forzada de la unión de hecho, los tres acusados trasladaron a la adolescente a la provincia de Santa Fe, al domicilio de su grupo familiar. En ese lugar se concretó, hasta diciembre de 2024, la explotación investigada basada en reducción a servidumbre sexual, doméstica y laboral. De acuerdo con lo que pudo reconstruir el MPF, en particular por el testimonio de la víctima, durante ese período el matrimonio golpeó, quemó con cigarrillos y agua caliente, insultó y amenazó a la joven. Además, la obligaron a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a encargarse de las tareas domésticas de toda la familia conviviente. El dinero obtenido por esa actividad debía ser entregado en su totalidad a los imputados, bajo amenaza de dejarla sin comida y sin posibilidad de administrar recursos propios. Estas exigencias se le impusieron aún con mal clima, enfermedad e incluso durante sus embarazos.
En diciembre de 2024, la víctima se trasladó a la provincia de San Juan, junto a Franco Cristo y el hijo que tienen en común. Una vez allí, comenzaron a residir con la familia de origen de la víctima, mientras que Alberto e Isabel Cristo arribaron al lugar el 5 de abril de 2025. Al día siguiente fueron al domicilio familiar y, aprovechando una distracción de los padres de la joven, la obligaron por la fuerza a subir a una camioneta con la intención de llevarla nuevamente a Santa Fe para someterla nuevamente. Durante una detención en la localidad de Caucete, cerca de dos estaciones de servicio, la joven intentó escapar con su hijo en brazos y fue perseguida a pie por Isabel Cristo mientras el resto la seguía en la camioneta. Finalmente fue alcanzada por la mujer, que la forzó a subir nuevamente al vehículo, que se retiró a gran velocidad e infringiendo normas de tránsito. Estas circunstancias fueron denunciadas y dieron inicio al proceso judicial.