El Estado presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la Ley 27.793, que había sido suspendida por decreto. Argumenta impacto fiscal y gravedad institucional.
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise la sentencia que ordenó implementar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793). La medida busca suspender el fallo que declaró inválido el artículo 2° del decreto 681/2025, mediante el cual el Ejecutivo había suspendido la aplicación de la norma.
El conflicto se originó tras la sanción de la ley por el Congreso en julio de 2025, el veto presidencial posterior y la promulgación forzada por el Legislativo. Luego, el Poder Ejecutivo emitió un decreto de suspensión alegando falta de fuentes de financiamiento, lo que motivó una demanda colectiva.
En primera instancia, el juez Adrián González Charvay declaró inválida la suspensión, considerando que el Ejecutivo invadió atribuciones del Congreso. La Cámara Federal de San Martín declaró abstracta la cuestión, decisión que ahora el Estado recurre ante la Corte.
En su presentación, el Gobierno sostiene que el fallo genera “gravedad institucional” y obliga a erogaciones presupuestarias sin financiamiento previsto, comprometiendo las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal. Además, advierte que pone en riesgo el sistema de seguridad social y áreas críticas.
El recurso solicita efecto suspensivo para frenar la sentencia hasta que la Corte se expida, y pide que se revoque la decisión cuestionada. La ley, en tanto, habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para afrontar los gastos, según señaló el juez en su fallo.