La Confederación General del Trabajo presentó un escrito de 25 páginas ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para pedir la nulidad de la resolución que devolvió la vigencia a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, y recusó a los jueces que intervinieron.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un pedido de nulidad del fallo que restableció la vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, y recusó al camarista Víctor Arturo Pesino, cuya jubilación fue postergada por cinco años por el Poder Ejecutivo al día siguiente de emitir su dictamen. Los planteos fueron formalizados a través de una presentación de 25 páginas elevada a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Entre los argumentos, la central obrera sostiene que la resolución suspensoria incluye “yerros que violentan gravemente la verdad jurídica” y que la sala que la dictó no era la competente para hacerlo. Por ello, pidió la recusación de los miembros de la Sala VIII, Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes suspendieron la medida cautelar que en marzo había frenado 83 artículos de la ley 27.802.
“Acabamos de recusar a los jueces por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, cuando en el Boletín Oficial se publicó la extensión de cinco años más para uno de los jueces”, señaló Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la CGT, en declaraciones a Radio 10. El dirigente agregó que el beneficio recibido por Pesino “generó un manto de duda y de sospechas” que la central obrera “no va a dejar pasar”.
El escrito presentado por el abogado Pablo Topet, en representación legal de la CGT, solicita la “nulidad absoluta” de la resolución dictada el 23 de abril, que tuvo carácter suspensivo de la cautelar. La central obrera objeta la intervención de la Sala VIII y sostiene que debió intervenir la Sala I por razones procesales. “Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia por la prevención inicial de la Sala I. Pero no se nos dio tiempo”, denuncia el texto.
El pedido de recusación contra Pesino es particularmente severo, al considerar que su participación en la causa “está viciada por haber recibido un beneficio de importancia por parte del Estado nacional”. La presentación califica su intervención como “inaceptable” y sostiene que “constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”. Asimismo, cuestiona la falta de fundamentos jurídicos en la postura de los magistrados.
La CGT también planteó la necesidad de reponer la cautelar que suspendía la reforma laboral, argumentando que es necesaria para asegurar una revisión efectiva del caso y evitar que cuestiones procesales obstaculicen la protección de derechos fundamentales. El escrito cuestiona además que la nueva ley otorgue competencia a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de la Justicia Nacional del Trabajo.