La Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) expresó su oposición a la iniciativa del Gobierno nacional, que propone desregular aranceles y realizar un reempadronamiento masivo de pensiones.
La Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) de la provincia de Corrientes manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso. La licenciada Marcela Kriscovich, referente de la entidad, calificó la iniciativa como una “cachetada” y advirtió que el objetivo de fondo sería desarticular el sistema de prestaciones vigente.
Según Kriscovich, el proyecto vulnera la Ley 24.901 al intentar eliminar el valor nomenclador nacional. Esto permitiría que cada obra social o prepaga fije de manera arbitraria el monto que paga a los prestadores, rompiendo la equidad que hoy garantiza que todos los profesionales del país cobren lo mismo por idéntica práctica. “Hacen que el padre tenga que pagar la diferencia si el prestador considera que no corresponde lo que paga la obra social; muchos quedarían afuera del sistema”, alertó.
Uno de los puntos más polémicos es la obligatoriedad de un reempadronamiento para todos los titulares de pensiones por invalidez. La normativa propuesta exige acreditar nuevamente la condición médica y socioeconómica, bajo amenaza de suspensión automática del beneficio. “Es una locura que toda la gente vuelva a tener que hacer todos los papeles de vuelta y esperar. Ponen a todos dentro de la misma bolsa, como si todas las pensiones fueran truchas”, señaló la referente de PDU a radio Dos. Además, cuestionó que el Gobierno nacional no haya publicado datos precisos sobre las supuestas auditorías que justifican esta medida: “Nunca pusieron el número de cuántas cosas fraudulentas hay y cuántas son verdaderas”.
Kriscovich también dirigió críticas hacia la diputada nacional Virginia Gallardo, quien recientemente se mostró junto al ministro de Salud, Mario Lugones, promocionando el proyecto bajo la bandera de la “inclusión”. “Sale sacándose fotos hablando de inclusión cuando nunca ha conocido un centro de discapacidad en Corrientes ni se ha reunido con nadie. No ha llamado ni al Cottolengo ni a ninguno de los centros que hoy están a punto de cerrarse”, arremetió la profesional, cuestionando el desconocimiento de la legisladora sobre la realidad territorial de las instituciones correntinas.
Desde PDU Corrientes instaron a los legisladores nacionales que representan a la provincia a no acompañar el proyecto. “Esperamos que sigan exigiendo que la ley se cumpla como tiene que ser y que esto quede sin efecto, porque sería retroceder a algo que costó muchísimo conseguir”, concluyó Kriscovich.