Tras un fallo judicial adverso, el bloque oficialista impulsa en Diputados una modificación a la norma para reducir su impacto fiscal, mientras las universidades reclaman el cumplimiento de la ley vigente.
El bloque oficialista en la Cámara de Diputados busca reactivar un proyecto de reforma a la ley de financiamiento universitario, luego de que la Justicia ordenara al Poder Ejecutivo cumplir con la norma sancionada por el Congreso el año pasado. La iniciativa, presentada en febrero, tiene un impacto fiscal menor al de la ley actual y modifica aspectos clave como la actualización salarial docente y los fondos de funcionamiento.
El proyecto oficial propone reconocer la pérdida salarial de los trabajadores universitarios solo para el año 2025, a diferencia de la ley vigente que incluye recomposiciones desde diciembre de 2023. Asimismo, establece negociaciones paritarias trimestrales, pero sin la obligación de ajustar por inflación. En cuanto a los gastos de funcionamiento de las universidades, la propuesta gubernamental difiere de la norma actual, que obliga a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en programas como hospitales universitarios y ciencia y técnica.
La decisión de reactivar el proyecto se produce en un contexto de presión judicial, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal fallara a favor de las universidades, ordenando al Estado desembolsar los fondos establecidos por ley. Fuentes del oficialismo confirmaron que se convocará a comisiones para tratar la iniciativa en el corto plazo, aunque aún no hay una fecha definida.
Desde el Gobierno se argumenta que el cumplimiento íntegro de la ley actual, impulsada por la oposición, afectaría el equilibrio fiscal. Mientras tanto, representantes del sector universitario han mostrado reticencia a negociar una reforma tras el fallo judicial favorable, lo que complejiza el panorama para la aprobación de la modificación propuesta.