Ante el aumento del sobreendeudamiento, legisladores analizan iniciativas para suspender embargos y crear un marco de reestructuración para deudas que superen el 30% de los ingresos del hogar.
El impacto de la inflación y la caída del poder adquisitivo han generado una situación de vulnerabilidad financiera en miles de hogares. Con una deuda total que supera los 39 billones de pesos, el Congreso de la Nación debate alrededor de 18 proyectos de ley que proponen implementar una moratoria y esquemas de reestructuración.
El debate reciente en la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el diputado Hugo Yasky, apunta a crear un marco normativo de emergencia. El eje principal es una moratoria que suspenda los juicios de embargo y cobre durante el proceso de reestructuración, congelando intereses por mora y multas, e impidiendo el empeoramiento de la calificación crediticia de los deudores.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran la «Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados» (impulsada por Lucía Cámpora, Gabriela Estévez y Julieta Campo) y el proyecto de «Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias Argentinas» del diputado Santiago Roberto. Estas iniciativas plantean un sistema administrativo y gratuito para reestructurar deudas de consumo cuando superen el 30% de los ingresos del hogar, o el 20% en casos de extrema vulnerabilidad. También proponen la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares y un fondo estatal de asistencia.
Según datos del Banco Central (BCRA) presentados en la comisión, el endeudamiento total de los hogares argentinos supera los 39 billones de pesos. De los 4,8 millones de deudores actuales, la morosidad en el sistema financiero tradicional es del 11,2%, mientras que en las entidades no financieras asciende al 29,9%. Un estudio citado indica que casi la totalidad de los hogares poseía deudas y un 76% de esos pasivos no se encontraba en condición de pago regular.
La composición de la deuda se concentra principalmente en tarjetas de crédito (30,5%), atrasos en servicios (10,5%) y el «fiado» en comercios (8,8%). Los resúmenes de tarjetas muestran que los rubros financiados son principalmente alimentos, indumentaria, combustible y pago de impuestos y servicios. Se estima que el 80% de las familias endeudadas destina más del 30% de sus ingresos mensuales a cubrir estos pasivos.
Mientras la discusión avanza en la Cámara de Diputados, las iniciativas buscan ofrecer una herramienta legal para que las familias puedan reestructurar sus compromisos financieros y aliviar la presión sobre su economía diaria.