La Cámara de Diputados postergó sin fecha el tratamiento del acuerdo internacional, tras un pedido del Ministerio de Desregulación. El debate enfrenta posiciones del oficialismo, que impulsa la adhesión, y de laboratorios locales, que advierten sobre su impacto.
La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, previsto para esta semana, en un contexto de tensión entre el Gobierno y los laboratorios nacionales. La iniciativa, vinculada al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, quedó por ahora sin fecha de debate.
Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la postergación fue solicitada por el Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria fue desconvocado sin reprogramación confirmada. Desde esa cartera señalaron que el pedido se vincula con la ausencia del secretario Alejandro Cacace, quien participa en Estados Unidos de actividades sobre inteligencia artificial junto a legisladores.
El principal obstáculo para la ratificación del acuerdo es el rechazo de los laboratorios locales, que cuestionan especialmente el capítulo II del tratado. Ese apartado fija condiciones sobre propiedad intelectual que, según advierten, podrían alterar el esquema vigente en el país. La tensión se profundizó tras la decisión del presidente Javier Milei de derogar resoluciones de 2012 que establecían criterios de patentabilidad y favorecían la producción de medicamentos genéricos.
Las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron ante Diputados que la aprobación implicaría “una cesión de soberanía” y dejaría sin efecto las guías aplicadas desde hace más de una década. En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo.
Fuentes oficiales sostienen que Argentina no puede introducir cambios en el capítulo cuestionado. Argumentan que el país no formuló reservas al momento de adherir al tratado, por lo que debe aprobarse en su versión actual.
Los laboratorios nacionales defienden el esquema vigente, que permite producir versiones alternativas de medicamentos bajo ciertas condiciones y, según afirman, contribuye a precios más accesibles. En contraposición, empresas internacionales reclaman el reconocimiento de sus inversiones en investigación. La disputa remite al debate por la ley de Patentes de los años 90, que también enfrentó a actores locales y extranjeros.
El oficialismo sostiene que la adhesión facilitaría la inserción internacional del sistema científico y productivo. Afirma que empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya utilizan este sistema desde el exterior. También destaca que el CONICET y Universidades concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo ese esquema, una de las proporciones más altas de América Latina, y que la adhesión permitiría reducir costos administrativos.
Según el Gobierno, el tratado no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que podría fortalecerlo y abrir la posibilidad de que sea designado como autoridad internacional de examen preliminar, como ocurre en Brasil.