Los jueces Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidenta y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, fueron imputados por presuntos delitos de abuso de autoridad y manipulación de causas vinculadas a evasión fiscal.
Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedián, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, imputaron a los camaristas Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. La imputación se centra en maniobras en dos causas del caso «Bunge», donde se investigan evasiones fiscales millonarias.
Según la requisitoria fiscal, los magistrados habrían coordinado acciones para manipular la integración de las salas del tribunal, buscando favorecer a imputados y lograr fallos de falta de mérito. En una de las causas, se señala que Sánchez Torres resolvió una apelación en un minuto, resultando en una falta de mérito por unanimidad para uno de los investigados.
Además, a Sánchez Torres se le imputan lesiones graves calificadas por mediar violencia de género contra una secretaria que se negó a firmar un certificado para la integración de una sala. Los fiscales también destacan en su escrito que Montesi y Sánchez Torres son pareja, un dato conocido en el ámbito judicial cordobés.
El caso «Bunge» involucra las causas «Padilla» y «Humanes». Tras las maniobras denunciadas, uno de los imputados obtuvo falta de mérito, mientras que el otro fue procesado luego de que una jueza cuestionara la integración irregular de la sala y votara en disidencia.
La investigación judicial continúa en curso a cargo de los fiscales intervinientes.