Dos presentaciones judiciales por presuntos créditos hipotecarios preferenciales fueron asignadas a los juzgados de Rafecas y Capuchetti. Las acusaciones incluyen defraudación y abuso de autoridad.
En el marco de las denuncias por presuntas líneas de crédito hipotecario del Banco Nación para funcionarios y legisladores, dos presentaciones penales fueron sorteadas en los tribunales de Comodoro Py. La primera denuncia, que apunta contra autoridades de la entidad bancaria, recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. La segunda, realizada por la diputada Mónica Frade, fue asignada a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
La primera presentación, efectuada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, señala al expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y al superintendente de Entidades Financieras del BCRA, Juan Ernesto Curuchet, por presuntos delitos de «defraudación por administración fraudulenta», «defraudación contra la administración pública», «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público».
La segunda denuncia involucra a Tillard junto a otros beneficiarios de los créditos, como el director de YPF, Emiliano Mongilardi; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani, entre otros. Los delitos denunciados en este caso son «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas», «enriquecimiento ilícito», «abuso de autoridad», «violación de los deberes de funcionario público» y «defraudación por administración fraudulenta».
La polémica surgió luego de conocerse que decenas de miembros del Gobierno y legisladores obtuvieron préstamos hipotecarios en los últimos dos años por cifras que, en algunos casos, alcanzan los 500 millones de pesos. Un sector de la oposición en el Congreso ya solicitó formalmente investigar la maniobra.
Los datos sobre los créditos, de acceso público, provienen de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). La información fue sistematizada por la plataforma «¿Cuánto deben?», un visualizador de código abierto que permitió cruzar datos con las declaraciones juradas y rastrear la evolución de las deudas de 1.440 personas políticamente expuestas. Los casos denunciados corresponden a quienes lograron los préstamos más altos o presentan una inconsistencia notable entre el patrimonio declarado y el monto del crédito obtenido.